Marcelo Eduardo Vazquez c/ Lilia Germano

Actor (querellante): Marcelo Eduardo Vázquez, representado por Alejandro J. Vázquez en ejercicio de la patria potestad.

Demandado (querellada): Lilia Germano, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia Especial en lo Civil y Comercial N° 24.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

querella por los delitos de calumnias e injurias.

¿Qué se resolvió?

la Corte declaró admisible la queja, procedente el recurso extraordinario y confirmó la resolución de la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que declaró que no correspondía dar trámite a la querella.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Carácter definitivo: "el pronunciamiento que se impugna tiene carácter definitivo a los efectos previstos por el art. 14 de la ley 48, atendiendo a que la tutela de los derechos constitucionales que se invocan no podría hacerse efectiva en su oportunidad procesal posterior y en cuanto lo decidido se vincula con el ejercicio de la jurisdicción por parte de los jueces naturales."

Competencia previa: "el valorar la conducta de los jueces de la Nación y del señor Procurador General- a fin de decidir sobre su responsabilidad o culpabilidad personal en la comisión de un delito, compete a los tribunales que la ley antes citada prevé (arts. 19 y 7°), por lo que sólo luego de su pronunciamiento condenatorio asumen su jurisdicción los tribunales ordinarios (art. 33)."

Límite a la instrucción de oficio: "sin que le sea licito al juez de la causa, visto la índole privada de la acción deducida, ejercer actividad instructoria alguna ex officio, enderezada a la investigación de los hechos integrantes de aquella conducta."

Inmunidad: "que ella importaría un notorio allanamiento de la investidura de la jueza acusada y de su consiguiente inmunidad, en clara infracción a la doctrina constitucional emergente de los arts. 45 y 51 de la Carta Fundamental, inspiradora de la recordada ley 21.374."

El dictamen del Procurador General (Guastavino) había propuesto un criterio distinto, de inmunidad procesal no absoluta, con base en el art. 62 de la Constitución.