T., F. Y OTRO c/ BANCO SANTANDER RIO SA s/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

¿Quién es el actor?

Francisco Tipaldi y Adriana Alejandra Tipaldi.

¿A quién se demanda?

Banco Santander Río S.A. (continuador del Citibank).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

restitución y pago de U$S 232.055 correspondientes a seis plazos fijos nominativos intransferibles constituidos en 2001 y vencidos en 2002, con más intereses, costas y gastos; y declaración de inconstitucionalidad de las normas de emergencia económica (decreto 214/02, art. 15 ley 16.986, arts. 1, 4 y 5 ley 25.587, arts. 2, 3, 11, 15 y 19 ley 25.561, resoluciones 28.592 y 28.924 y reglamentaciones concordantes).

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada y se rechazó la demanda. Las costas se impusieron en el orden causado y la regulación de honorarios quedó diferida hasta que la sentencia quede firme.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Es preciso señalar que la acción por incumplimiento contractual, debe analizarse en función de la naturaleza de la relación que vincula a ambas partes."

"En este orden, siendo que estaba en vigencia el Código Civil derogado, se debe aplicar el artículo 4023, que establecía el plazo genérico de 10 años para las acciones personales por incumplimiento contractual."

"Así las cosas, computando 10 años desde el leading case 'Massa' (27/12/2006), la acción para demandar el cumplimiento contractual feneció de manera inexorable el 27 de diciembre de 2016."

"En conclusión, la presentación de la demanda el 22 de febrero de 2019 se dio cuando la acción ya se encontraba plenamente extinguida por el transcurso del tiempo, correspondiendo la procedencia formal y sustancial de la defensa opuesta por la entidad bancaria."

"Entiendo que esta es la solución aplicable al caso, ya que permitir que los derechos permanezcan indefinidamente exigibles atenta contra el principio de seguridad jurídica. Debe recordarse que la prescripción liberatoria es una institución de orden público..."

El tribunal no se pronunció sobre el fondo ni sobre la constitucionalidad de las normas de emergencia, por considerarlo innecesario frente a la prescripción.