GUTIERREZ LEANDRO IVAN ROBERTO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE SEGURIDA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

¿Quién es el actor?

Leandro Iván Roberto Gutiérrez, contratado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para desempeñarse como oficial de policía en el Comando de Patrullas de Merlo.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Seguridad, empleador autoasegurado (Decreto 3858/07).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización dineraria por accidente de trabajo ocurrido el 25/02/2020, por incapacidad física y psicológica derivada del siniestro, en el marco de la acción especial de la Ley 24.557.

¿Qué se resolvió?

por mayoría de las integrantes del Tribunal, se hizo lugar a la demanda y se condenó a la demandada a abonar la suma de $6.512.179,45 en concepto de indemnización dineraria, en el plazo de 60 días de notificada la sentencia, con costas a la demandada vencida. Se declaró abstracto el tratamiento de las inconstitucionalidades de los arts. 22, 23, 46 y 50 de la Ley 24.557 y del DNU 70/23, y se declaró la inconstitucionalidad del DNU 669/19.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Tengo por acreditado que el actor ha padecido un accidente de trabajo el día 25/2/2020, a los 26 años, dejándole un porcentaje de incapacidad física y psicológica del 17.15 %, de acuerdo al método de la capacidad restante."

Respecto del baremo aplicable, la magistrada preopinante sostuvo que "el nuevo Baremo no es de aplicación a aquellos juicios iniciados en forma previa a su vigencia", citando el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, y que aplicarlo "se verían afectados derechos constitucionales del Trabajador, Artículo 14 bis y los arts. 17 y 19", por lo que propició "la no aplicación del Baremo 549/25 al siniestro que se trata en autos en base, -en principio,- a su aplicación temporal".

Sobre la validez del Decreto 659/96, se citó el precedente de la CSJN "Ledesma Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A." (12/11/2020), en cuanto a que la tabla de evaluación debe aplicarse "con arreglo a una misma tabla de evaluación".

Sobre la inconstitucionalidad del DNU 669/19, se remitió a la doctrina de la SCBA en "MUZYCHUK, CLAUDIO RUBEN c/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RISGOS DEL TRABAJO S.A." (causa L. 129.800), donde se sostuvo que el decreto "resulta palmaria e insanablemente inconstitucional por no reunir los requisitos que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional establece".

Sobre el ingreso base, se aplicó el criterio de la SCBA en "GALARZA DANIEL ALEJANDRO c/ PREVENCIÓN ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO" (L. 132.729, 30/03/2026), con intereses sobre el ingreso base conforme el art. 12 de la Ley 24.557 t.o. por Ley 27.348.

Se fijó un ingreso base mensual de $49.739,81 (actualizado por RIPTE), se adicionó un 20% por el art. 3 de la Ley 26.773 por encontrarse el trabajador a disposición del empleador, y se dispuso el depósito en la cuenta sueldo del actor (art. 17 Ley 27.348).