Incidente Nº 1 - IMPUTADO: GAMBOA , ARIEL RICARDO s/INCONSTITUCIONALIDAD

Actor (recurrente): Defensa de Ariel Ricardo Gamboa, a cargo del defensor público oficial Enrique M. Comellas.

Demandado (parte contraria): Estado (Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Raúl O. Pleé).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revocación del auto del juez de ejecución penal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia que rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 56 bis inc. 10 de la Ley 24.660 y 14 inc. 10 del Código Penal (Ley 27.375) y la solicitud de libertad condicional derivada de ese planteo, y que pretendía mantener a Gamboa bajo el régimen previo a la reforma.

¿Qué se resolvió?

La Cámara rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas. Por mayoría (Yacobucci y Slokar), se consideró que la defensa no demostró el agravio actual y concreto ni acreditó el cumplimiento de los requisitos para la procedencia del planteo, y que el sistema instaurado por la Ley 27.375 no vulnera las garantías invocadas (igualdad ante la ley, progresividad y fin resocializador). La jueza Ledesma votó en disidencia, proponiendo hacer lugar al recurso, declarar la inconstitucionalidad de los artículos citados y anular la sentencia para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Su voto quedó en minoría.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

¿Cómo votaron los jueces?

"la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del texto conduzca a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía invocados".

Continúa: "la defensa -tras mencionar diversos precedentes- se limitó a invocar la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis de la Ley n° 24.660 y 14 del Código Penal, sin demostrar el agravio actual y concreto que provoca, en este aspecto, la decisión del a quo".

¿Cómo votaron los jueces?

"no hay un derecho convencional a acceder a la libertad asistida, ni a los beneficios del período de prueba como únicos y exclusivos institutos que aseguren la finalidad resocializadora y el Estado puede reglamentar la ejecución de la pena privativa de la libertad siempre que no vulnere derechos constitucionales". Sobre igualdad, sostiene que "el criterio utilizado por el legislador para establecer diferentes regímenes penitenciarios resultó ser el delito por el que el imputado resultó condenado (art. 14 del CP y art. 56 bis de la ley 24.660), lo cual no luce arbitrario o indebido".

¿Cómo votaron los jueces?

"las limitaciones de los artículos 14 inc. 10, CP y 56 bis, inc. 10, ley 24.660 atentan contra la progresividad del régimen consagrado constitucional (arts. 18, 75 inc. 22, 5.6, CADH, 10.3 PIDCyP)". Señala que "este programa preparatorio no prevé modalidades de libertad vigilada, sino que lo máximo que establece son salidas diurnas de un máximo de 12 horas durante los últimos 3 meses".