DIAZ RODOLFO DANIEL O RODOLFO ANGEL Y OTROS s/DELITO DE ROBO EN GRADO DE TENTATIVA -CAUSAS NOS. 107, 131 Y 133-

¿Quién es el actor?

Ministerio Público / acusación en causa penal (no identificado como parte demandante en sentido estricto; el recurrente es la defensora oficial).

¿A quién se demanda?

Rodolfo Daniel o Rodolfo Angel Díaz, Facundo Alejandro Medina y Cristian Eduardo Zepeda Tavilo (condenados).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

condenas por delito de robo en grado de tentativa y unificación de penas dispuestas por el Tribunal Oral N° 6.

¿Qué se resolvió?

se declaró parcialmente inadmisible el recurso extraordinario en cuanto a la tacha de arbitrariedad; se hizo lugar a la queja, se declaró procedente el remedio federal y se revocó la sentencia apelada en cuanto dispone el cumplimiento de las reglas del art. 27 bis del Código Penal a Medina y Zepeda Tavilo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Si bien esta Corte en la causa G.342.XXVI, 'Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación -causa N° 32/93', fallada el 7 de abril de 1995, declaró la inconstitucionalidad de la limitación establecida en la norma citada en el considerando anterior, por los fundamentos desarrollados en el precedente registrado en Fallos: 308:552 -'Tellez'-, corresponde establecer que la autoridad institucional de las pautas jurisprudenciales contenidas respecto al recaudo de tribunal superior de la causa en el ámbito de la justicia federal deberán comenzar a regir para las apelaciones extraordinarias federales dirigidas contra sentencias notificadas con posterioridad a la primera de las decisiones supra citadas."

En cuanto al agravio por aplicación ex post facto del art. 27 bis, "la cuestión resulta sustancialmente análoga a la resuelta el 10 de agosto de 1995 en la causa M.190.XXX 'Miño, Leandro Ariel y Miño, Leonardo Gastón s/ robo en poblado y en banda en grado de tentativa', a cuyos términos y conclusiones cabe remitirse en razón de brevedad."

Sobre la arbitrariedad: "los agravios del apelante remiten al examen de temas de hecho y prueba y derecho común ajenos, como principio, a la vía del art. 14 de la ley 48", y "el a quo, más allá de su acierto o error, ha dado los argumentos mínimos suficientes para llegar a la conclusión a la que arribara y que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido."

"En tales condiciones, las garantías constitucionales invocadas no guardan relación directa e inmediata con lo decidido."