YPF SA Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA Y OTRO s/ORDINARIO

¿Quién es el actor?

YPF S.A.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de La Matanza (Provincia de Buenos Aires)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción meramente declarativa para que cese el estado de incertidumbre respecto de la pretensión municipal de cobrar una "tasa por inspección de seguridad e higiene" calculada distribuyendo el total de ingresos gravados por Ingresos Brutos provincial solo entre los municipios donde la actora posee local, oficina o establecimiento.

¿Qué se resolvió?

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (Sala I) declaró la incompetencia de la justicia federal. La Procuración General dictamina confirmar esa decisión en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Ante todo, cabe recordar que los pronunciamientos que resuelven cuestiones de competencia no autorizan la apertura de la instancia del art. 14 de la ley 48... salvo que medien determinadas circunstancias excepcionales que permitan equipararlas a tales, como que haya denegación del fuero federal (Fallos: 326:4352; 327:4650). Esto es lo que ocurre en el sub lite, puesto que la actora solicitó que se declare la competencia de la justicia federal y ello le fue denegado en la decisión recurrida."

"...en el sub lite, la actora no se agravia de la negativa municipal a 'aplicar' el Convenio Multilateral sino que, encontrándose fuera de debate su vigencia y aplicación, mantiene una controversia sobre la recta 'interpretación' de uno de sus preceptos."

"Estas divergencias sobre la interpretación de normas de derecho público local -como lo es el Convenio Multilateral- deben ser ventiladas ante los jueces locales, que deberán examinar el alcance de un tributo que deriva de una ordenanza municipal creada y aplicada por las autoridades de igual carácter..."

Se distinguen los precedentes "Argencard S.A." (Fallos: 327:1473) y "Unilever S.A." (Fallos: 328:3340), por no tratarse aquí de la falta de aplicación del Convenio Multilateral ni de una declaración de inconstitucionalidad, sino de una controversia interpretativa de derecho público local.