EGEA MIGUEL ANGEL s/PRESCRIPCION DE LA ACCION -CAUSA N° 18316-

¿Quién es el actor?

Miguel Angel Egea, procesado, a través de su defensa.

¿A quién se demanda?

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, que revocó la resolución de primera instancia que había declarado la prescripción de la acción penal.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de extinción de la acción penal por prescripción en la causa N° 18.316 ("Egea, Miguel Angel s/ prescripción de la acción"), relacionada con el delito de administración fraudulenta calificada en perjuicio del Estado (arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del Código Penal), en el marco de operaciones de crédito vinculadas a la empresa "Astilsur S. A.".

¿Qué se resolvió?

La Procuración General aconseja hacer lugar a la queja y al recurso extraordinario, y revocar la sentencia recurrida para que se dicte una nueva teniendo en cuenta las pautas del dictamen.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Desde este punto de vista, V. E. podría declarar la procedencia formal del recurso de hecho pues, en el sub lite, existiría cuestión federal bastante al debatirse el alcance que cabe asignar a la garantía a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas derivada del art. 18 de la Constitución Nacional y de tratados internacionales referidos en ella (artículos 71 inciso 51 y 81 inciso 11, C.A.D.H.)".

"Si se observa esta secuencia procesal, resulta difícil conjeturar que se obtendrá a corto plazo una resolución definitiva del pleito que ponga fin a las restricciones que implica el mero sometimiento del recurrente al juicio penal."

"El Estado con todos sus recursos y poder no tiene derecho a llevar a cabo esfuerzos repetidos para condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a las molestias, gastos y sufrimientos, y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad."

"Estimo que el último acto interruptivo de la prescripción con respecto al procesado Egea, fue el traslado que se le corrió de las acusaciones presentadas por el ministerio público y la querella", y que el traslado posterior del 16 de noviembre de 1998 "no es más que una repetición del anterior, por lo que no se trata de un impulso cierto de la acción penal".

Se señala que el trámite se apartó "en demasía de los plazos establecidos en los artículos 701 y 206 del Código de Procedimientos en Materia Penal", los cuales "deben constituir, por lo menos, un canon de razonabilidad sobre la duración del trámite".