FORCONE MARCELO ROBERTO C/ OMINT ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL (26248)

¿Quién es el actor?

Marcelo Roberto Forcone, trabajador en relación de dependencia de BIMBO FROZEN ARGENTINA SA, afiliada a OMINT ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

¿A quién se demanda?

OMINT ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

pago de las prestaciones dinerarias del art. 14, punto 2, inc. a) de la ley 24.557 y de la prestación adicional del art. 3 de la ley 26.773, derivadas del accidente de trabajo ocurrido el 3/11/2017, con una incapacidad del 30,6% de la total obrera, frente al 4,8% homologado por la SRT.

¿Qué se resolvió?

el Tribunal (por unanimidad de los tres magistrados) revocó la resolución DIAPA 2018-133-APN-SHC39#SRT y hizo lugar a la demanda por la suma de $1.250.699,82, por prestación dineraria ($1.042.249,85) más prestación adicional ($208.449,97). Declaró la inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557 y del art. 7 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). Fijó la actualización del capital por el índice RIPTE con un interés puro del 3% anual, e impuso las costas a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Entiendo que, en el caso, la aplicación literal del inc. 2 del art. 12 de la Ley 24.557 modificado por el art. 11 de la ley 27.348, resulta insuficiente e irrazonable. No cumple la finalidad a la que apunta toda la normativa relativa a la reparación de los infortunios laborales, resultando así violatoria de los preceptos constitucionales del art. 14 bis, 16 y 75 inc. 22..."

"Es por ello que, para el caso en concreto, propicio se declare la inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 27.348 en cuanto modifica el art. 12 inc 2) de la ley 24.557 y en consecuencia su inaplicabilidad al caso de autos."

"Se impone la indemnidad. Principio que, no es vano recordarlo, en la Provincia de Buenos Aires rige explícitamente por mandato constitucional (art. 39, ap. 3°, Const. Provincial), y que es obligación de los Jueces resguardar más aún, cuando se trata de créditos alimentarios pertenecientes a sujetos de especial tutela..."

"Considero corresponde declarar la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, -art. 7 ley 23.928 texto según ley 25.561-, en tanto la misma no transgrede el principio de razonabilidad (arts. 14 bis, 17, 28 y concdts. de la Constitución Nacional; 15 de la Constitución provincial) imposibilitando la actualización monetaria del crédito."

"Teniendo en cuenta los principios de equidad y equivalencia de las prestaciones, considero acertado que el capital de condena sea actualizado conforme al índice RIPTE y a la suma que surja de dicha operación se le aplique una tasa de interés puro al 3 % anual, ello desde que el crédito se hizo exigible y hasta su efectivo pago."