ERNST MARIA NILDA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

ERNST María Nilda (pensionada, continúa reclamo iniciado por su cónyuge causante Andreo Pascual Conrado).

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
- Objeto de la demanda: Reajuste de haberes de pensión derivada y pago de los retroactivos correspondientes; peticiones de inconstitucionalidad de diversas normas (leyes 27.426, 27.541, 27.541 y decretos).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente a la demanda y se ordenó reajustar los haberes de pensión conforme las pautas fijadas en los considerandos; se hizo lugar a la excepción de prescripción respecto de créditos anteriores a los dos años previos al reclamo administrativo (art. 82 ley 18.037); se declaró la inconstitucionalidad del art. 7 inc. 2º de la ley 24.463 y, con los alcances señalados, de los arts. 55 de la ley 18.037 y 9 (inc. 3º) de la ley 24.463; se rechazaron otros planteos de inconstitucionalidad y se declaró abstracto el planteo referido al art. 2 de la ley 27.426; además se ordenó el pago de las diferencias resultantes con intereses y la regulación de honorarios.
- Fundamentos principales (transcripción textual de párrafos relevantes): 1) "El cuestionamiento a las normas aplicadas no radica en la mecánica establecida en ellas para la fijación y movilidad de los haberes previsionales, sino en cuanto al resultado que inveteradamente ha arrojado el sistema implementado, en la medida de su afectación por un proceso inflacionario no paliado por un esquema correctivo eficaz. Ello ha generado la necesidad, desde antigua data, de establecer pautas que permitan arribar al haber de inicio y a su movilidad en un marco de equilibrio que lo resguarde, frente a los riesgos de confiscatoriedad y falta de proporcionalidad, conculcando así la garantía del art. 14 bis de la Constitución Nacional." 2) "En consecuencia, corresponde ordenar que las diferencias a favor de la actora que arroje la movilidad en este período, le sean abonadas sin quita alguna." 3) "En atención a los argumentos precedentes, corresponde establecer la constitucionalidad tanto de la ley 27541 cuanto de los decretos 163, 495, 692 y 899, todos del 2020. Asimismo, que al 1.1.21 se restableció la vigencia de la 27426 y que por tal motivo corresponde abonar a la parte actora la diferencia entre la movilidad suspendida y la otorgada por los decretos referidos, por resultar inferior económicamente al incremento que le hubiere correspondido percibir de no haber existido la suspensión legal."
- Disidencias: No se registra voto en disidencia en el acuerdo; la decisión consignada en la parte resolutiva es la que prevalece.