CASELLA, ADRIANA MARIA c/ SIMMONS DE ARGENTINA S.A. Y OTRO s/DESPIDO

¿Quién es el actor?

Casella, Adriana María (actora/trabajadora).

¿A quién se demanda?

Simmons de Argentina SRL y Manuel Poj (codemandado persona física).
- Objeto de la demanda: Reclamo por despido, diferencias salariales por comisiones pagadas "en negro", multas por normativa laboral (ley 24013 y ley 25323) y extensión de responsabilidad solidaria contra el codemandado Poj; impugnación de la aplicación del artículo 55 de la ley 27802; impugnación de honorarios y costas.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia apelada en lo que fue materia de recurso y agravios; impuso las costas de Alzada en el orden causado y reguló los honorarios de la representación letrada de la actora en el 30% sobre lo regulado en la instancia previa.
- Fundamentos principales de la decisión (textos tomados del fallo): "Liminarmente, se advierte que la lectura de la demanda confirma que el fundamento de la sentenciante respecto al incumplimiento del art. 65 de la ley 18345 es acertado. El escrito inicial carece de una relación fáctica que explique el modo, parámetro o fórmula de cálculo de las comisiones reclamadas, omisión que impide verificar la existencia de una diferencia salarial o la procedencia de pagos clandestinos." "La valoración de la prueba testimonial efectuada por la magistrada de grado es plenamente correcta y se encuentra respaldada por el contenido de las declaraciones obrantes en la causa. Los testigos ofrecidos por la actora ... basaron sus dichos en un conocimiento puramente referencial ... Esta naturaleza referencial de los testimonios les resta valor probatorio ... Por el contrario, los testigos de la demandada ... brindaron detalles precisos sobre el sistema de comisiones ... En consecuencia, ... no se logró acreditar, siquiera mínimamente, la existencia de las irregularidades registrales ni de los pagos en negro denunciados en la demanda." "El rechazo de los extremos analizados ... torna abstracto el tratamiento de los agravios referidos a los rubros indemnizatorios y multas, toda vez que su procedencia se encontraba supeditada a la suerte del planteo principal. Al confirmarse la valoración probatoria de la magistrada de grado
- que descartó la existencia de irregularidades registrales y pagos clandestinos -, carece de sustento fáctico y jurídico la pretensión de revocar el rechazo de las indemnizaciones derivadas de la LCT y de las leyes 24013 y 25323. Por consiguiente, ante la inexistencia de la injuria laboral invocada, corresponde desestimar estos agravios. Con idéntico criterio, debe confirmarse el rechazo de la acción respecto del codemandado persona física, ya que, al descartarse el fraude y la deficiencia en la registración, no se encuentra acreditado el presupuesto fáctico indispensable para viabilizar la extensión de responsabilidad solidaria en los términos de la ley 19550." Sobre la cuestión normativa y de constitucionalidad del art. 55 de la ley 27802: "El último párrafo del artículo citado establece que sus disposiciones 'son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte' ... En relación con el planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora ... el máximo tribunal federal ha reconocido al Poder Legislativo la facultad de restringir el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Nacional ... el límite sustancial ... es el de la razonabilidad ... A la luz de lo expuesto, considero que la norma cuestionada ... supera el examen de razonabilidad, por lo que cabe desestimar el planteo de inconstitucionalidad incoado."
- Voto concurrente/observación: La Dra. Andrea E. García Vior adhirió al voto en lo sustancial pero dejó expresada su "posición contraria a la validez constitucional del art. 55 de la ley 27802", señalando que adhiere por "elementales razones de economía y celeridad procesal"; dicha postura fue manifestada pero no modificó la decisión del acuerdo.