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.................... S/ RECURSO DE CASACIÓN

La imputada apeló la multa y la pena impuestas en un juicio abreviado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, objetando la constitucionalidad de la escala penal. La Cámara rechazó el recurso de casación: sostuvo improcedente el planteo por presentación tardía y por haberse aceptado la sanción en el acuerdo abreviado, y consideró que no se acreditó incompatibilidad manifiesta entre la escala legal y principios constitucionales.

Juicio abreviado Recurso de casacion Multa Ley 23.737 Tenencia con fines de comercializacion Proporcionalidad Inconstitucionalidad Articulo 21 cp Conversion multa en prision Actos propios

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: Marina Cecilia Medina, que interpuso recurso de casación. Demandado: Ministerio Público Fiscal (parte contraria en la impugnación). Objeto: Se denuncia la errónea aplicación de normas penales y se plantea la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la pena de multa impuesta (art. 5 inc. "c" de la ley 23.737), por desproporción frente a las condiciones personales, familiares y económicas de la condenada y por la posibilidad de conversión de la multa en prisión. Decisión: La Cámara rechazó el recurso de casación, con costas, por improcedente y sin declarar inconstitucional la escala de multa. Confirmó que la impugnación era novedosa en esta instancia, que la multa formó parte del acuerdo de juicio abreviado aceptado por la defensa y que no se demostró una incompatibilidad manifiesta entre la norma impugnada y los principios constitucionales invocados.
- Fundamentos principales de la decisión (transcripción de párrafos relevantes del fallo, lenguaje original del tribunal): "En primer término, advierto que el cuestionamiento constitucional introducido en esta instancia no fue oportunamente articulado ante el tribunal de juicio, pese a que tanto la escala penal cuya aplicación ahora se controvierte como las circunstancias personales y socioeconómicas de Medina que sirven de sustento al planteo eran conocidas por la defensa al momento del acuerdo de juicio abreviado. De tal modo, la cuestión no fue sometida a consideración del órgano jurisdiccional de origen, privándolo de la posibilidad de pronunciarse sobre ella, de manera que su introducción recién ante esta sede revisora importa incorporar un agravio novedoso que no puede ser admitido en los términos pretendidos. Por otro lado, la defensa, con la expresa conformidad de la imputada, prestó consentimiento al acuerdo de juicio abreviado en el que se aceptaron tanto la calificación legal atribuida al hecho como las penas convenidas para esa subsunción jurídica, entre ellas la pena de multa que ahora se pretende cuestionar constitucionalmente. De tal manera, no se está frente a una consecuencia sancionatoria sobreviniente o imprevisible, sino ante una especie de pena que integraba el marco legal correspondiente a la figura aceptada y cuya imposición fue expresamente asumida al prestar conformidad con el procedimiento abreviado. Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal constituye un acto de suma gravedad institucional y la última ratio del orden jurídico, de modo que sólo resulta procedente cuando se demuestra una incompatibilidad manifiesta, clara e insalvable entre la norma cuestionada y las garantías constitucionales invocadas. Esa situación no se verifica en autos. La recurrente estructura su pretensión sobre la particular situación económica, familiar, social y sanitaria de la imputada Medina y, a partir de allí, sostiene que incluso el mínimo de la multa prevista para el delito por el que fue condenada resultaría desproporcionado e imposible de afrontar. Sin embargo, tales circunstancias, aun cuando resulten relevantes al momento de examinar las condiciones concretas de ejecución de la sanción pecuniaria, no bastan por sí mismas para demostrar la invalidez constitucional de la escala establecida por el legislador."

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