INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS D. L. V., J. D. SOBRE 92 - AGRAVANTES (CONDUCTAS DESCRIPTAS EN LOS ARTÍCULOS 89 / 90 Y 91)

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: Ministerio Público Fiscal (Fiscalía Especializada en Violencia de Género Nº 16) Demandado: Jueza de primera instancia Susana Beatriz Parada (Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31) Objeto del reclamo: Revocación de la sentencia que declaró nula la elevación a juicio por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, alegando que los defectos formales del requerimiento de juicio (mención de lesiones graves que no se correspondían con la imputación, referencia a un apellido incorrecto) afectaban el derecho de defensa. Decisión del tribunal: La Cámara hizo lugar al recurso y revocó la sentencia de primera instancia. Consideró que si bien existían errores materiales en el requerimiento de juicio, estos no suponían una alteración sustancial de la atribución ni afectaban el derecho de defensa del imputado, quien desde el inicio del proceso flagrante conocía los hechos que se le imputaban. Fundamentos principales: "La nulidad procesal requiere un perjuicio para alguna de las partes, pues no procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, ya que resulta inaceptable la declaración de una nulidad por la nulidad misma (CSJN, G. 466. XXXV. ROR, 'Gorostiza Guillermo Jorge s/extradición art. 54', 15/05/2001, Fallos 324:1564). En efecto, es bien sabido que, en materia de nulidades, rigen los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales." "No se soslayan las supuestas inconsistencias apuntadas en cuanto a la mecánica de los hechos [...] En cuanto a ello, y reiterando que la descripción de las lesiones encuentra suficiente sustento en el informe médico de la damnificada, se advierte que el análisis efectuado por la magistrada ingresa de lleno al terreno de la valoración de los hechos y de la prueba que, como es sabido, resulta ajena a esta etapa procesal." "Si bien parece claro que tales defectos no resultan en lo absoluto deseables en ningún tipo de dictamen, escrito o resolución jurídica, no menos cierto es que, en la medida en que no supongan una alteración sustancial del acto ni de la atribución y su contexto, no pueden justificar la declaración de invalidez, que como fue indicado resulta de carácter restrictivo." "Ello, sobre todo, si se considera lo que implicaría esa excesiva rigurosidad en un caso de estas características, esto es, uno que expone indiscutidos elementos de violencia de género que en rigor obligan a la jueza a actuar con la debida diligencia reforzada (cfr. Art. 7 Convención 'Belém do Pará' y Ley 26.485), que datan de hace casi dos años en los que, según se extrae del principal, se verificaron cuantiosas demoras y postergaciones que incluso motivaron la intervención de la Sala II de esta Cámara en los términos del art. 52 CPP y han colocado al proceso en la antesala de la prescripción de la acción."