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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: PEREYRA, ADRIAN FRANCISCO s/LEGAJO DE CASACION

Recurso de casación contra la denegatoria de reposición que dejó firme sanción disciplinaria por extemporánea. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso, anuló la resolución impugnada y su antecedente y remitió la causa al tribunal de origen para nuevo pronunciamiento por haber sido aplicado un exceso ritual que afectó el derecho de defensa.

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¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: La defensa pública oficial de Adrián Francisco Pereyra (recurrente en casación). Demandado: La resolución de la magistrada que ejerce la ejecución de la pena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba (resolución que rechazó el recurso de reposición y confirmó la denegatoria por extemporaneidad). Objeto: Se impugna que la jueza de ejecución haya rechazado la reposición por extemporaneidad y, así, convalidado la sanción disciplinaria administrativa (O.I. N° 147/2025) sin analizar la nulidad absoluta denunciada por vulneración del derecho de defensa y del debido proceso. Decisión: La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de casación, anuló la resolución impugnada junto con su antecedente necesario y remitió las actuaciones al tribunal a quo para que dicte un nuevo pronunciamiento. Sin costas en la instancia.
- Fundamentos principales de la decisión (transcripción de los párrafos más relevantes): "b) Adelanto que al rechazarse el recurso de revisión interpuesto por los argumentos esgrimidos, que competen al ejercicio del derecho de defensa en cabeza del defensor oficial, se ha incurrido en un injustificado rigor formal que afecta los derechos de defensa en juicio, en claro perjuicio al detenido Pereyra. A partir de Fallos 5:459 la CSJN ha establecido que tratándose de reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, es de equidad y aún de justicia, apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos producidos por la ignorancia de las leyes, no solo por parte del acusado, sino también por descuido de su defensor, por lo que no corresponde que el incumplimiento respecto a un requisito formal en el que han incurrido los defensores genere un menoscabo en los derechos y garantías de los imputados, que se ven privados del derecho a la revisión sobre la decisión en su contra (doctrina seguida también en Fallos: 346:1296; 332:422 y, entre otros, 320:1824). En suma y sin que implique abrir juicio sobre el fondo de asunto, en aras de garantizar y conjugar los derechos que se encuentran en juego, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto, anular la decisión recurrida junto con su antecedente necesario y remitir la causa al a quo para que dicte un nuevo pronunciamiento. Sin costas en la instancia (arts. 530 y cctes. del CPPN)." Además, la jueza Angela E. Ledesma adhirió expresamente al voto que sostuvo la existencia de un criterio "manifiestamente restrictivo y excesivamente ritual" que afectó el derecho al recurso, calificando la decisión de la magistrada de ejecución como arbitraria (art. 123 CPPN) y concluyendo igualmente por anular la decisión y remitir a nuevo pronunciamiento.

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