TOLOZA ANGEL ADRIAN Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - M. DE SEGURIDAD - CAJA DE POLICIA s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

TOLOZA ÁNGEL ADRIÁN y otros.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional
- Ministerio de Seguridad
- Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (C.R.J.P.P.F.A.).
- Objeto de la demanda: declaración de inconstitucionalidad del Decreto 679/97 y la consecuente cesación de los descuentos practicados en los haberes de retiro en concepto de aportes.

¿Qué se resolvió?

la Cámara revocó parcialmente la sentencia de grado únicamente en lo relativo al plazo de cumplimiento —ordenando que, una vez firme el decisorio, la demandada efectúe la previsión presupuestaria correspondiente y la acredite en la causa conforme a la normativa aplicable— y confirmó en lo demás lo decidido por la instancia anterior; impuso las costas de Alzada a la demandada y reguló los honorarios de la representación letrada de la actora en el 30% de lo que le corresponda en la instancia anterior, con más IVA si correspondiera. Se devolvieron las actuaciones al juzgado de origen.
- Fundamentos principales (transcripción de párrafos relevantes y citas textuales): "La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policia Federal (C.R.J.P.P.F.A.) critica el decisorio de grado en cuanto el a-quo ha hecho lugar a la inconstitucionalidad planteada por la actora en relación al Decreto 679/97...". "Si bien esta Sala ha sentado su postura sosteniendo la validez constitucional tanto del Decreto-Ley 22.788 como del Decreto 679/97, no puede soslayarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente se ha pronunciado sobre las normas cuestionadas en autos 'Pino, Seberino y otros c/Estado Nacional
- M° del Interior s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg.', sentencia de 7 de octubre de 2021." "Con relación a la Ley 22.788 sostuvo de forma unánime que resultaba de aplicación la doctrina del Máximo Tribunal según la cual la modificación de una norma por otra posterior de la misma jerarquía no daba lugar a cuestión constitucional, puesto que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su inalterabilidad, máxime cuando la imposición de dicha carga se sustenta en razones de interés colectivo y manifiesto carácter asistencial, y no vulnera derechos superiores invocados." "A distinta solución arribó la Corte Suprema en lo concerniente al Decreto 679/97; por mayoría sostuvo que los fundamentos expresados por el Poder Ejecutivo Nacional para justificar la aplicación del art. 99, inc. 3, de la Constitución Nacional revelaban en realidad la voluntad de modificar de forma permanente el sistema previsional de la Gendarmería Nacional con el dictado del decreto impugnado." "En cuanto al plazo de cumplimiento establecido en el decisorio de grado, se revoca lo establecido y se ordena a la demandada que, a partir del momento en que adquiera firmeza el decisorio de conocimiento, deberá efectuar la previsión presupuestaria correspondiente y acreditarla en la causa con la documentación pertinente, de conformidad a lo establecido en la normativa aplicable..." Además, se sostuvo la aplicación de la doctrina sobre la prescripción bienal para haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio: "la prescripción a aplicar en la especie era la bienal... por cuanto la prescripción anual prevista en el art. 82 de la ley 18.037 viene indicada para regir el pago de haberes devengados con anterioridad a la solicitud del beneficio..."
- Disidencias: no se registran votos en disidencia relevantes en el bloque resolutorio final.