Legajo Nº 1 - IMPUTADO: SARMIENTO, VERONICA ELIZABETH s/LEGAJO DE CASACION

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: La defensa pública oficial de Verónica Elizabeth Sarmiento, en su carácter de recurrente por el rechazo de un pedido de libertad condicional. Demandado: La resolución del juez de ejecución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 3 que negó la libertad condicional; interviniente en la instancia de ejecución: el Ministerio Público Fiscal (que dictaminó negativamente). Objeto: Se impugna mediante recurso de casación e inconstitucionalidad la resolución de fecha 17/03/2026 que no hizo lugar al pedido de libertad condicional, solicitando la aplicación de la ley más benigna o la declaración de inaplicabilidad/ inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo, inc. 2° del Código Penal (Ley 27.375). Decisión: La Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de casación e inconstitucionalidad interpuesto por la defensa pública oficial de Verónica Elizabeth Sarmiento, sin costas, y tuvo presente la reserva del caso federal; ordenó registrar, notificar, comunicar (CSJN, Ac. 10/2025) y remitir al tribunal de origen mediante pase digital.
- Fundamentos principales de la decisión (transcripción de párrafos relevantes): "Que, es necesario memorar la doctrina sentada por la CSJN según la cual la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas -esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la ley fundamental
- gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia. Únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable debe hacerse lugar a la inconstitucionalidad." (voto del juez Petrone) "En tal sentido, el máximo Tribunal federal del país ha referido que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia y configura un acto que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduzca a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (cfr. CSJN, Fallos: 319:3148; 328:4542; 329:5567; 330:855; 331:2799, entre muchos otros), lo cual la defensa no logra demostrar en el caso." (voto del juez Petrone) "Finalmente, la defensa se consideró agraviada en tanto '(…) no se facilitó la participación previa a [esa parte] para evaluar y postular su criterio en orden a las cuestiones alegadas por el Ministerio Público Fiscal'. Sobre este punto, cabe señalar que el art. 491 del CPPN refiere que 'los incidentes de ejecución podrán ser planteados por el ministerio fiscal, el interesado o su defensor y serán resueltos previa vista a la parte contraria, en el término de cinco (5) días (…)'. En este sentido, se observa que la omisión a la que hace referencia la defensa en su presentación no se encuentra prevista en el código adjetivo, ni tampoco logra demostrar qué argumentos se vio privada de invocar ni cuál habría sido el perjuicio que dicha omisión le habría causado" (voto del juez Petrone).
- Votos en disidencia relevantes: La jueza Angela E. Ledesma entendió por admisibilidad del recurso y propuso fijar audiencia, al considerar que existía una cuestión federal vinculada con el fin resocializador de la ejecución de la pena y por ello debía admitirse (voto en minoría). Sin embargo, la solución de la Cámara siguió la propuesta mayoritaria de inadmisibilidad.