EGUIA MARIO ANTONIO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

Eguia Mario Antonio (parte actora).

¿A quién se demanda?

ANSeS (Administración Nacional de la Seguridad Social).
- Objeto de la demanda: Reajustes varios relativos a la Prestación Básica Universal (PBU), impugnación de medidas de movilidad y topes de haberes, validez de normas y decretos (cuestiones constitucionales y aplicación de aumentos suspendidos en 2020), tasa de interés y costas.

¿Qué se resolvió?

La Cámara, por mayoría, revocó la decisión de primera instancia en cuanto ordenaba aplicar a los haberes de enero y febrero de 2021 la diferencia porcentual entre los aumentos suspendidos y los abonados en 2020; diferió para la etapa de ejecución el tratamiento de la actualización de la PBU como componente del haber inicial y el cuestionamiento sobre la aplicación de topes; confirmó lo resuelto en la instancia de grado en lo demás que fue materia de agravios; y confirmó la imposición de costas conforme a los criterios del art. 68 CPCCN y art. 36 ley 27.423, con costas por su orden en la Alzada.
- Fundamentos principales (transcripción de los párrafos más relevantes del fallo): 1) “las medidas adoptadas en relación a la movilidad no resultan susceptibles de descalificación, visto que la mentada emergencia fue definida por el Congreso Nacional y de conformidad a los precedentes jurisprudenciales mencionados ut supra, por lo que deviene improcedente aplicar a los haberes de enero y febrero 2021 –base de cálculo para la movilidad consagrada en la ley 27609 (B.O. 4.01.2021)
- el pago de la diferencia porcentual que pudiera existir en su caso, entre los aumentos abonados durante el año 2020 por ese concepto y los que hubieren correspondido en función de la ley suspendida y reemplazada.” 2) “Que, por razones de celeridad y economía procesal, ha de diferirse para la etapa de ejecución el tratamiento de los agravios dirigidos contra lo resuelto en la sentencia apelada sobre aplicación de topes de haberes (art. 26 de la ley 24.241, Resolución SSS 6/2009) –incluido el planteo respecto a la doctrina del precedente ‘Villanustre’
- que fueron oportuna y fundadamente cuestionados en la demanda, pues es en ese momento donde se puede demostrar en el caso el perjuicio concreto que la aplicación de dichas normas podrían ocasionar al actor.” 3) “Que se ha desestimado los embates dirigidos a cuestionar la validez de la emergencia sancionada por el Congreso Nacional a través de la ley 27.541, y de los decretos dictados en consecuencia por el Poder Ejecutivo Nacional en función de la delegación legislativa realizada, por no evidenciarse vulneración al mandato constitucional del art. 14 bis de la CN.” 4) Sobre costas: “En atención a lo expuesto, en caso de que surjan de la liquidación a practicarse sumas a favor del actor, las costas deberán ser establecidas a la vencida en los términos del art. 68 primera parte del CPCC; siendo que, en el caso contrario, deberán establecerse en el orden causado (cfr. Art. 36 ley 27.423). Costas por su orden en la Alzada ante la falta de contradicción (art. 68, 2º del CPCCN, art. 36 de la ley 27.423 y caso ‘Morales, Blanca’ (Fallos: 346:634)).”
- Votos en disidencia relevantes: El Dr. Juan A. Fantini Albarenque deja expresada su opinión particular respecto a la imposición de costas (propone imponerlas a la demandada vencida conforme al art. 68, párr. 1º del CPCCN), pero la resolución adoptada por mayoría es la transcripta.