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Incidente Nº 13 - IMPUTADO: GUTIERREZ, JULIAN MARIANO s/Audiencia de debate (Art. 294)

Audiencia de cesura por secuestro extorsivo, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de armas; se impuso pena acorde al pedido fiscal. El Tribunal homologó el acuerdo de responsabilidad y fijó la pena en once años de prisión, multa de 70 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el término de la condena, decomiso de bienes y costas a cargo del condenado, fundando la intensificación por la violencia y agravantes asociativas.

Secuestro extorsivo Tenencia con fines de comercializacion Decomiso Inhabilitacion absoluta Multa 70 unidades fijas Pena 11 anos Audiencial de cesura Violencia Agravantes asociativas Antecedente condenatorio

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: Ministerio Público Fiscal representado por el Dr. Federico Reynares Solari. Demandado: Julián Mariano Gutiérrez, DNI 38.450.912. Objeto: Audiencia de determinación de pena (audiencia de cesura) tras acuerdo parcial de responsabilidad por delitos: secuestro extorsivo agravado (art. 170 CP, inc. 6), tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada (art. 5 inc. c y art. 11 inc. c Ley 23.737) y tenencia de armas (art. 189 bis CP), y las sanciones accesorias (multa, inhabilitación, decomiso). Decisión: Se homologó el acuerdo de responsabilidad y se declaró penalmente responsable a Julián Mariano Gutiérrez por los hechos imputados; se impuso la pena corporal solicitada por la Fiscalía de once (11) años de prisión, multa de setenta (70) unidades fijas y la suma de $10.000 (por la pena pecuniaria relacionada con tenencia de arma), inhabilitación absoluta por el término de la condena, decomiso de los bienes indicados (celular Motorola, tablet Philco, pendrive 16 gb, revólver Jaguar calibre .22 n° 09829, revólver Orbea calibre .38 n° E272539, municiones, y moto Honda Wave N° de cuadro LTMPCGB25551781), disposición de destrucción del estupefaciente incautado, e imposición de las costas del proceso al condenado. La fijación de pena se fundamentó en la concurrencia de agravantes (utilización de armas, multiplicidad de intervinientes, grado de violencia y antecedente penal), ponderadas frente a atenuantes (reconocimiento de hechos, conducta procesal y circunstancias personales).
- Fundamentos principales de la decisión (transcripción de los párrafos más relevantes y citas textuales): 1) “Debo recordar inicialmente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que ‘los artículos 40 y 41 del CP no contienen bases taxativas de fijación, sino que deja librada ésta, dentro del marco normativo a la apreciación discrecional del magistrado en el caso concreto’ … ‘La determinación de la pena, además de compadecerse formalmente con la escala autorizada por la figura que reprime la conducta ilícita que se le reprocha al condenado, debe ser adecuadamente fundada de conformidad con las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal.’” 2) Reproducción de la prueba de violencia que justificó agravamiento: “Allí pudo escucharse: ‘Se llevó un par de cosas que no se tenía que llevar, pero acá tenemos a la hermana; hasta que no entregue las cosas, no le vamos a dar a la hermana. La piba está llorando ahí. Fijate si lo conocés, si conocés a la familia, algo, que se apuren con las cosas, porque le vamos a hacer cualquiera’.” Y sobre el video: “se pudo apreciar al imputado detonando un arma de fuego con varios disparos hacia Carlos Gómez … mientras le profería amenazas e improperios.” 3) Sobre la ponderación de agravantes y la ausencia de doble valoración: “no existe doble desvaloración cuando se toma en cuenta para la fijación de la pena un elemento previsto en el tipo penal, con el objeto de particularizar su intensidad.” El tribunal entendió que “las circunstancias agravantes…deciden un apartamiento sensible del mínimo legal”. 4) Sobre el antecedente: el tribunal consideró relevante la condena previa en suspenso (Sentencia 6/9/2023, N° 877 T°XXXIII F° 215/224) como dato objetivo para ajustar la respuesta penal, aunque no procedió a unificar porque no fue solicitado por las partes. 5) Sobre decomiso y efectos: el tribunal dispuso decomiso de los bienes vinculados al hecho y ordenó la destrucción del material estupefaciente (art. 30 Ley 23.737), sosteniendo que “ordenar el decomiso junto a la condena no es facultativo sino de carácter obligatorio”.
- Votos: Los Dres. Germán Sutter Schneider y Elena Dilario adhieren al voto del preopinante Dr. Eugenio Martínez Ferrero; no existen disidencias firmadas.

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