Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: FRIGOLE, JULIO MANUEL OSCAR Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: Ministerio Público Fiscal (Auxiliar Fiscal) en representación del Estado. Demandado: Julio Manuel Oscar Frigole; Roberto Darío Giménez; Maritza Auccaise Loaysa; Diana Marisela Robles Chanta; Ana Cecilia Martínez; John Anderson Díaz García; Margoreth Katherin Gonzales Huaman; José Armando León García (imputados). Objeto: Enjuiciamiento y condena por infracciones a la Ley 23.737 (comercialización, tenencia con fines de comercialización, transporte, facilitación de lugar/elementos para la comercialización y encubrimiento agravado), y decomiso/destrucción de elementos vinculados. Decisión: Se hizo lugar al juicio abreviado y se condenó a los imputados conforme al detalle penal y punitivo consignado en la parte resolutiva: entre otros, a Frigole se le impuso pena unificada de CUATRO AÑOS Y DIEZ MESES DE PRISIÓN y multa de diez unidades fijas ($245.000); a Giménez CUATRO AÑOS y multa de diez unidades fijas ($245.000); a Auccaise Loaysa condena única de CUATRO AÑOS Y CUATRO MESES y multa diez unidades ($245.000); a Robles Chanta CUATRO AÑOS (prisión domiciliaria) y multa diez unidades ($245.000); a Díaz García CUATRO AÑOS Y SEIS MESES y multa diez unidades ($500.000); a Gonzales Huaman CUATRO AÑOS (prisión domiciliaria) y multa diez unidades ($500.000); a Martínez y León García penas de TRES AÑOS en ejecución condicional y multa pecuniaria en el caso de Martínez de $1.875. Además se decretó la inconstitucionalidad del mínimo legal de multa del art. 5 inc. c) de la Ley 23.737 en estos casos y se dispuso decomiso de vehículos y destrucción de contramuestras y teléfonos. Se impusieron costas y reglas de conducta donde correspondió.
- Fundamentos principales de la decisión (transcripción de los párrafos más relevantes): "Con las prevenciones efectuadas en orden al carácter excepcional de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, así como respecto del imperativo de respetar principios superiores como proporcionalidad, culpabilidad y humanidad, surge que los montos mínimos de la pena de multa dispuestos legalmente, más allá de su correspondencia con la gravedad de los hechos en juego, exceden las posibilidades materiales de pago de los acusados, a la luz de la situación económica de