FERRARIS, ADRIANA CECILIA c/ ANSES s/REAJUSTES POR MOVILIDAD
La actora demandó a ANSES solicitando la aplicación del régimen de movilidad docente (Ley 24.016) y el mantenimiento de la movilidad del decreto 137/05 en la etapa de ejecución. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, declaró inconstitucional el art. 3 del DNU 157/2018 e impuso las costas a la demandada, fundando la decisión en la doctrina Gemelli y en la protección de la movilidad del haber jubilar.
¿Quién es el actor?
Ferraris, Adriana Cecilia.
¿A quién se demanda?
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
- Objeto de la demanda: Reajustes por movilidad; aplicación plena del régimen de movilidad establecido por la ley 24.016 (citado por la CSJN en "Gemelli") y, en la etapa de liquidación/ejecución, el mantenimiento de la movilidad prevista en el decreto 137/05 como base mínima.
¿Qué se resolvió?
Se confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, ordenó la redeterminación del haber conforme a la ley 24.016, declaró inaplicable el art. 9 de la ley 24.463 para el caso, ordenó el pago de las retroactividades con intereses y mantuvo la obligación de la administración de abonar una movilidad mínima en ejecución; además declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e impuso las costas de ambas instancias a la demandada vencida.
- Fundamentos principales (transcripción de párrafos relevantes y citas textuales):
"En primer lugar, y teniendo en consideración que al cese de su actividad laboral la parte actora cumplía con los requisitos previstos por la ley 24.016 para obtener el beneficio de conformidad con el régimen allí establecido, no existe óbice para que se aplique la mencionada ley especial. Ello de conformidad con la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 'Gemelli Esther Noemí, c/ Anses s/reajuste por movilidad'."
"Ahora bien, tal como se señalara supra, la parte actora puso de manifiesto al momento de interponer la demanda que las sentencias favorables que declaran la plena aplicabilidad de la ley 24.016 –como la dictada en autos– tienen un efecto colateral negativo en la práctica, por cuanto obligan al jubilado a abrir expedientes administrativos periódicamente, cada vez que el personal activo recibe un aumento, a los fines de que el organismo actualice su haber al 82% del salario activo."
"Por último, en relación al agravio relativo a la imposición de costas, corresponde confirmar la resolución recurrida, declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018, y hacer aplicación de las pautas de distribución de costas establecidas por el art. 36 de la ley 27.423 y art. 68 del CPCCN, imponiendo las costas de ambas instancias a la demandada vencida..."
- Disidencia: La señora Jueza de Cámara Silvia Mónica Fariña no suscribió la resolución; no obra en el dispositivo una fundamentación mayoritaria distinta: la decisión que se ejecuta es la confirmatoria y la declaración de inconstitucionalidad indicada.
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