LEZCANO, FEDERICO ALEJANDRO c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/JUICIO SUMARISIMO

¿Quién es el actor?

Federico Alejandro Lezcano.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Objeto de la demanda: Nulidad de la resolución RESOL-2023-1275-GCABA-SSGRH que dispuso su cesantía; reintegro al puesto; imposición de sanciones por práctica desleal; reparación de daño material y moral; liquidación de salarios caídos.
- Qué se resolvió (decisión del tribunal): Se hizo lugar a la demanda. Se declaró la nulidad de la RESOL-2023-1275-GCABA-SSGRH (14.06.2023) y se transformó en definitiva la reincorporación provisoria dispuesta el 13.11.2023; se condenó al G.C.B.A. a pagar $500.000 por daño moral y la liquidación de haberes entre el 14.06.2023 y el 23.11.2023; se declaró admisible la querella por práctica desleal y se impuso una sanción de $1.000.000 que deberá depositarse en la cuenta que indique el Ministerio de Trabajo; se impusieron costas a la demandada y se regularon honorarios y pericia. (Corresponde a la Parte Resolutiva transcripta en la sección 0).
- Fundamentos principales de la decisión (transcripción de párrafos relevantes del fallo): "En tales condiciones, se carece de los antecedentes en los que la mencionada Dirección General de Relaciones Laborales del G.C.B.A. se fundó para establecer tal limitación, lo que impide verificar si, como pretendió, el número de representantes elegidos superaba la cantidad que la entidad sindical podía designar de acuerdo con los afiliados cotizantes con los que contaba, circunstancia que tampoco se propuso demostrar en estas actuaciones. De igual modo, no intentó justificar que la objeción planteada en su ámbito interno hubiera merecido una formal impugnación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que es la autoridad de aplicación de la ley 23.551, aspecto en el que también cabe señalar que aunque los empleadores pueden cuestionar la designación de un delegado gremial cuando entienden que ha sido designado irregularmente, ello no impide que el mandato otorgado a tal subordinado les sea oponible y operativo hasta tanto no medie una resolución que legitime su impugnación ... en tales condiciones, habida cuenta que la accionada no ha demostrado que la decisión de no registrar al demandante como sujeto asistido de derecho a la tutela sindical establecida por los arts. 48 y 52 de la ley 23.551 resultara ajustada a derecho, ni que hubiera tramitado la impugnación de su designación como vocal titular de la Junta Interna de A.T.E., no cabe más que concluir que tal decisión unilateral careció de implicancia sobre la representación gremial del demandante, quien al momento de disponerse la cesantía se hallaba asistido de la protección que confería su cargo y toda vez que no se obtuvo previamente resolución judicial que lo excluyera de la garantía correspondiente, no cabe más que declarar la nulidad de la resolución RESOL-2023-1275-GCABA-SSGRH dictada el 14.06.2023 y transformar en definitiva la reincorporación provisoria dispuesta mediante resolución del 13.11.2023..." "La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ Amparo” (causa P.489.XLIV, sentencia del 15.11.2011), estableció la necesidad de que el diseño y las modalidades con que han de ser reguladas las garantías, así como su interpretación y aplicación, deben atender y adecuarse a las exigencias de protección efectiva que específicamente formule cada uno de los derechos humanos, derivadas de los caracteres y naturaleza de éstos y de la concreta realidad que los rodea, siempre, por supuesto, dentro del respeto de los postulados del debido proceso. Asimismo, puso de relieve los serios inconvenientes probatorios que regularmente pesan sobre las víctimas de discriminación, todo lo que determina las especificidades a las que han de ajustarse las reglas o pautas que en materia probatoria han de regir en los procesos civiles relativos a la ley 23.592..." "Sobre la base de tales consideraciones, estimo equitativo fijar el importe de la reparación por daño moral en la suma de $ 500.000 a valores de la fecha del distracto." "En virtud de todo lo expuesto, considerando las pautas previstas por el art. 9º del Anexo II de la ley 25.212, encuentro razonable fijar el importe de la multa por práctica desleal en la suma de $ 1.000.000 a valores actuales. El importe de la sanción será percibido por la autoridad administrativa del trabajo, por lo que, una vez firme o ejecutoriada la presente, se remitirá copia al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que tome la intervención que le corresponde (art. 55 inc. 3º de la ley 23.551)."
- Disidencias: no se registran votos en disidencia en el pronunciamiento.