DIAZ MARTINEZ, ARMANDO ARIEL c/ VERA ACA, JULIO CESAR s/LEY 22.250

¿Quién es el actor?

Armando Ariel Díaz Martínez (actor).

¿A quién se demanda?

Julio César Vera Aca (demandado).
- Objeto de la demanda: Reclamo de créditos laborales y su adecuación/actualización por depreciación monetaria e intereses; además reclamó honorarios de su letrado.

¿Qué se resolvió?

La Cámara, por votación mayoritaria, modificó la sentencia apelada en lo referente a la adecuación del crédito, disponiendo que el crédito se ajustará conforme lo indicado en el Considerando II (actualización mediante IPC nivel general del INDEC más un interés puro del 3% anual); elevó los honorarios de la representación letrada del actor a 10,76 UMA con Valor UMA de $65.133; e impuso las costas de la alzada a la demandada, regulando los honorarios del profesional interviniente en el 30% de los que le correspondan por su actuación en la anterior instancia.
- Fundamentos principales (transcripción de los párrafos más relevantes): "Para evitar esa licuación del crédito del trabajador, y vedadas –como vimos
- otras opciones, solo queda, entonces, recurrir a la última ratio del orden jurídico, que es la declaración de inconstitucionalidad, para el caso concreto, de las normas de las leyes 23.928 y 25.561 que vedan la actualización de los créditos. Ello es así, porque, como sostuvo la Corte Suprema en numerosas oportunidades (entre otras, en el recordado caso “Valdez, Julio Héctor c/ Cintioni, Alberto Daniel”), si bien el legislador tiene la facultad de establecer el criterio que estime adecuado a la realidad para proceder a la actualización de los créditos laborales las cambiantes circunstancias pueden hacer que la solución legal no ostensiblemente incorrecta, tal vez, en su inicio, se torne irrazonable y la norma que la consagra devengue así indefendible desde el punto de vista constitucional. Así ocurre, como anticipé, en el sublite, pues el art. 7 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561), en su aplicación al caso, conduce a la licuación del crédito del trabajador y, consecuentemente, desconoce el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad del reclamante y no permite proveer una tutela judicial eficaz -arts. 1, 17, 18, 28 y concs., CN-." "Removido ese obstáculo, considero que la actualización del crédito mediante el índice de precios al consumidor, acompañado de una tasa de interés “pura” del 3% anual, constituye un arbitrio razonable que contempla una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento, en los términos de la doctrina de los mencionados precedentes “Oliva” y “Lacuadra” de la Corte Suprema. Me inclino por ese índice (y no otro), pues, como ha señalado la Corte Suprema, si bien es cierto que las estadísticas sobre índice de costo de vida y precios al consumidor no obligan a los jueces, para apartarse de datos que ellas promocionan y adoptar otros módulos de evaluación del envilecimiento monetario, deben procurarse criterios económicos objetivos y evitar así que la discrecionalidad judicial pueda convertirse en arbitrariedad."
- Datos numéricos y comparación utilizada por el tribunal: "Así se verifica en el sub lite, pues el capital de condena ($1.550.286,20), ajustado con las tasas de las Actas CNAT Nros. 2601/14, 2630/16 y 2658/17 desde el 16/12/2020, con una sola capitalización desde el 1/11/2023, arrojarían al 27/11/24 un monto de $17.585.050,57. Si en cambio se utiliza, a los efectos de la comparación, el índice de precios al consumidor ... se arribaría a un monto de $4.124.149,05."
- Votos / disidencias: Los Dres. Héctor C. Guisado y Silvia E. Pinto Varela votaron en sentido coincidente; no consta disidencia.