GARCIA, RODRIGO ANDRES c/ STAFF SERVICE S.A. (EN QUIEBRA, SE PRESENTA SINDICATURA) Y OTROS s/DESPIDO

¿Quién es el actor?

GARCIA, RODRIGO ANDRES.
- Demandadas: STAFF SERVICE S.A.; DIAGNÓSTICO Y SOLUCIONES S.A.; FORD ARGENTINA S.C.A.; FAURECIA ARGENTINA S.A. (y otras codemandadas mencionadas).
- Objeto de la demanda: despido y reclamo de indemnizaciones derivadas de la extinción del vínculo, inclusión de responsabilidad de la empresa usuaria (solidaridad), punitorios/recargos por falta de registración (ley 24.013 y 25.323) y demás rubros laborales (antigüedad, preaviso, SAC, vacaciones, haberes adeudados).

¿Qué se resolvió?

la Cámara moduló la decisión de grado —en mayoría— y modificó la sentencia apelada, fijando el monto de condena en $1.435.480,15, imponiendo que ese capital devengue accesorios conforme lo dispuesto en el pronunciamiento; mantuvo las costas de origen a las demandadas; reguló honorarios de instancia anterior y de Alzada y fijó la regulación de los honorarios de la instancia de apelación en el 30% de lo que se fijó en primera instancia (ver parte resolutiva arriba transcripta).
- Fundamentos principales de la decisión (transcripción de los párrafos más relevantes del fallo, lenguaje original del tribunal): 1) Sobre la invalidación de la contratación eventual y la responsabilidad de la empresa usuaria: "La magistrada de grado concluyó que la contratación eventual invocada por las demandadas resultaba inválida porque no se acreditó la existencia de una necesidad extraordinaria, transitoria o imprevisible que justificara la modalidad. Señaló asimismo que el actor trabajó de forma continuada durante un período prolongado —extremo reconocido por las propias partes—, ejecutando tareas regulares de control de calidad en la cadena productiva, lo cual resulta objetivamente incompatible con la figura del trabajo eventual, concebida para dar respuesta a contingencias excepcionales y acotadas en el tiempo. Consecuentemente, responsabilizó a Staff Service S.A. y a Diagnóstico y Soluciones S.A. en los términos del artículo 29 de la L.C.T." 2) Sobre la actualización del crédito y accesorios (criterio mayoritario): "Para la actualización ordenada, juzgo adecuado utilizar el índice de precios al consumidor (nivel general) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, porque su aplicación se ha generalizado en la jurisprudencia de esta Cámara... Además de la actualización del monto de condena, se debe establecer un interés que compense al acreedor por la privación del uso del capital. Ese interés se aplicará sobre un capital actualizado, por lo que corresponde utilizar una tasa pura, que juzgo adecuado establecer en el 3% anual." (voto del Dr. Enrique Catani). 3) Sobre la reducción de un ítem específico y ajuste del monto: "En consecuencia, cabe modificar este aspecto de la sentencia apelada y detraer del monto de condena el importe de $ 72.000." (fundamento relativo a la indemnización del art. 80 LCT por certificados requeridos antes de plazo).
- Voto en disidencia o propuesta minoritaria relevante: La Dra. María Cecilia Hockl formuló una propuesta distinta respecto del criterio de actualización, proponiendo "el índice RIPTE más un interés puro del 6% anual" por entender que preserva mejor el valor del crédito en la coyuntura inflacionaria; sin embargo, la mayoría adoptó la actualización por IPC (nivel general) con interés puro del 3% anual. La adhesión final de la Dra. Hockl a la resolución obedeció a la doctrina mayoritaria de la Sala, pese a mantener su opinión en contrario sobre el índice y la tasa.