STUTO, JOSE IGNACIO Y OTROS c/ ?SERENA ASEGURADORADERIESGOS DEL TRABAJO S.A.U.? s/RECURSO LEY 27348

¿Quién es el actor?

Stuto José Ignacio y otros (parte actora).

¿A quién se demanda?

Serena Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.U. (ART).
- Objeto de la demanda: Reclamo por contingencia laboral (enfermedad profesional del 20/07/2023), reconocimiento de incapacidad (40,64%) y liquidación de la condena e intereses conforme régimen de la ley 27.348.

¿Qué se resolvió?

La Cámara declaró la inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación/actualización monetaria (arts. 7 y 10 ley 23.928; art. 4 ley 25.561; apartados 2° y 3° del art. 12 de la ley 24.557 con las modificaciones por art. 11 ley 27.348) y ordenó actualizar el capital de condena conforme el IPC INDEC desde la exigibilidad del crédito hasta su efectivo pago más una tasa pura del 3% anual; confirmó la sentencia en lo demás y regularizó costas y honorarios de acuerdo con lo sugerido en el primer voto.
- Fundamentos principales (transcripción de párrafos relevantes): "Por ello es que no debe supeditarse el análisis de los parámetros del decreto o su constitucionalidad a los resultados aritméticos que arrojen las distintas variables a tener en cuenta. Las mejoras de las prestaciones dinerarias no otorgan razonabilidad ni validez constitucional a un decreto que fue concebido a los fines de tutelar al deudor de la obligación principal, que es la de dar cobertura y prevención a los riesgos sufridos por y en ocasión del trabajo (cfr. art. 6 LRT). Por lo expuesto, considero que el DNU planteado violenta el orden público por lo que carece de validez el contenido allí articulado." "En este contexto y sin soslayar que, conforme lo ha señalado reiteradamente la CSJN, la declaración de inconstitucionalidad constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia... juzgo que el art. 7 de la ley 23.928, texto según la ley 25.561 conduce a la licuación del crédito del trabajador y, consecuentemente, desconoce el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad del reclamante y no permite proveer una tutela judicial eficaz -arts. 1, 17, 18, 28 y concs., CN-." "Frente a ello, declarada en el caso la inconstitucionalidad de las leyes 23928 y 25.561 considero que en la especie, como consecuencia de la insuficiencia que exhibe la tasa de interés prevista en la ley 27.348 para cumplir su función específica según lo expuesto precedentemente, a fin de preservar los derechos constitucionales de propiedad y la protección de la persona trabajadora víctima de un infortunio laboral, no cabe más que declarar la invalidez constitucional de los apartados 2° y 3° del art. 12 de la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el art. 11 de la ley 27348 y disponer la actualización del crédito de autos, con el índice de precios al consumidor INDEC (IPC), con más una tasa de interés pura del 3% anual, desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago."
- Votos en disidencia: El Dr. Gabriel de Vedia expuso fundamentos distintos respecto del remedio apropiado y la valoración del régimen especial (manifestó disidencias en el tratamiento de accesorios e intereses), pero adhirió finalmente al acuerdo mayoritario en la parte dispositiva; el Dr. José Alejandro Sudera no votó por aplicación del art. 125 L.O.