RODRIGUEZ PEÑA, IGNACIO ANDRES c/ (EX SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION)AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD s/PROCESO DE CONOCIMIENTO

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: Ignacio Andrés Rodríguez Peña, en representación de su hija menor P.M.R.P. Demandado: (Ex) Servicio Nacional de Rehabilitación / Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Objeto: Nulidad de las disposiciones SNR (518/13 y 1120/13/821/13) que rechazaron la franquicia automotor prevista en el art. 1° de la ley 19.279 para la menor, por entender que puede usar transporte público. Decisión: La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda, declaró la nulidad de las disposiciones impugnadas y condenó a la demandada a dictar un nuevo acto administrativo; la Cámara desestimó la apelación de la demandada y admitió el recurso de la actora respecto de la distribución de costas, imponiendo las costas de ambas instancias a la demandada.
- Fundamentos principales de la decisión (transcripciones textuales relevantes): "La opinión de la Junta Médica –sustento de las disposiciones impugnadas– carece de fundamentación y contrasta inequívocamente con las conclusiones del perito médico y del socioambiental." Del perito médico: "Es evidente la confirmación del diagnóstico de S. de Down"; "Presenta alteración respecto a la normal de coordinación de movimientos"; "Debe estar constantemente acompañada en sus traslados y desplazamientos"; "Si bien es posible que viaje en transporte público, demanda un esfuerzo importante... Es conveniente para su seguridad otro tipo de transporte, con condiciones más adecuadas: confort, cinturones de seguridad, elementos de apoyo y resguardo". Del informe socioambiental: "No cuenta con la autonomía necesaria para poder concurrir a estos espacios en medio de transporte público." Sobre la apelación: "sus agravios, en forma alguna, satisfacen las exigencias del art. 265 del CPCCN. No cumplió con su obligación de efectuar una crítica concreta y razonada de las sólidas consideraciones del fallo... Sólo manifiesta su descontento... sin argumentos idóneos para desvirtuarla." Sobre la finalidad normativa: "El fin perseguido por la ley 19.279 es propender a la integración social y al pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad... Debiéndose en el caso, dar primacía al interés superior del niño." (No hubo voto en minoría relevante; votaron por mayoría los Dres. Heiland y Facio, adhiriendo ambos a la solución.)