PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO (LABORAL) EN PAIZ JUAN CRUZ C/ PROVINCIA ART SA S/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL (EXPTE. N° 25121/2015)

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor/Quejoso: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) Demandado/Contrarios: Lilia Beatriz Bernardis, Julia Rodríguez, Iris María Petrucci e Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) Objeto del recurso: El GCBA cuestionó la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo que denegó su recurso de inconstitucionalidad. Esta denegatoria se relacionaba con una decisión anterior de la misma Cámara que redujo las astreintes de $ 600.000 a $ 100.000 por cada día de mora en el cumplimiento de la obligación de presentar un proyecto de obra para la recuperación del Complejo Habitacional Mariano Castex. Decisión del Tribunal: Se rechazó la queja interpuesta por el GCBA. Fundamentos principales: La sentencia de la Cámara fue dictada en el marco de la ejecución de una sentencia firme que admitió un amparo colectivo promovido por Bernardis, Rodríguez y Petrucci contra el GCBA e IVC, ordenando que realizaran las acciones necesarias para ejecutar las obras enumeradas en el artículo 2 de la ley 3199 para la total recuperación del Complejo Habitacional Mariano Castex. La Cámara verificó que el GCBA se notificó de la imposición de astreintes el 29-08-2024 y acompañó un proyecto de obra recién el 08-11-2024, constatando así el incumplimiento de la manda judicial. Por ello, consideró razonable reducir las astreintes a $ 100.000 por día, siendo que la primera instancia las había impuesto a razón de $ 600.000 diarios. El Tribunal Superior rechazó la queja por dos razones fundamentales. En primer lugar, consideró que el GCBA no había planteado una verdadera cuestión constitucional: "Estas cuestiones fueron tratadas y resuelto por el a quo en base a la valoración de los hechos, de la prueba y la interpretación de normas infraconstitucionales; materias que resultan ajenas a la competencia de este Tribunal." En segundo lugar, desestimó los planteos sobre arbitrariedad de sentencia, recordando la jurisprudencia establecida: "la doctrina de la arbitrariedad de sentencia es estricta en su aplicación, pues sólo tiende a cubrir casos de carácter excepcional. No tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se consideran tales, sino que se aplica en supuestos en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impidan considerar el pronunciamiento cuestionado como la sentencia fundada en ley a la que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional". La jueza Alicia E. C. Ruiz enfatizó en su voto que la queja no satisfacía "la carga de fundamentación que prescribe el artículo 33 de la ley 402" y que los argumentos del GCBA "no superan el nivel de una mera discrepancia, no fueron acompañados de una exposición seria que los justifiquen o respalden y no constituyen —en mérito de lo señalado— una crítica suficiente".