ARCIDIACONO NORMA BEATRIZ C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

Quién demanda: Norma Beatriz Arcidiacono, agente de planta permanente de la Dirección Provincial de Impresión y Digitalización del Estado.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

El pago de diferencias de bonificación por antigüedad correspondientes a los años 1996 a 2005, calculada al 3% del sueldo de la categoría, con retroactividad al 15/02/2022. Se impugnaban los arts. 42 de la ley 11.739, 37 de la ley 11.905, 29 de la ley 12.062, 27 de la ley 12.232, 27 de la ley 12.396, 24 de la ley 12.575, 24 de la ley 13.154 y 1 y 2 de la ley 13.354, que suspendieron, no computaron o redujeron la bonificación en cuestión.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó en primera instancia que las normas cuestionadas son inconstitucionales y que la actora tiene derecho a percibir la bonificación por antigüedad al 3% para los períodos laborados entre 1996 y 2005. Sin embargo, modificó parcialmente la sentencia en dos aspectos: (a) rechazó la extensión de la condena a "todas las diferencias salariales que se deriven en consecuencia" por constituir un pronunciamiento extra petita no solicitado por la actora; (b) eliminó la actualización mediante Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la fecha de firmeza de la sentencia hasta el pago, reemplazándola por el régimen tradicional de intereses. Fundamentos principales de la decisión: En relación a la prescripción, la Cámara desestimó el argumento fiscal destacando que: "En virtud de tales consideraciones, la alegada prescripción total de la acción debe ser desestimada" porque "las normas que han sido declaradas por ella inconstitucionales se siguen aplicando hasta el presente mes a mes, cada vez que se liquidan los haberes de la actora, en la medida en que se reconozcan períodos laborados entre los años 1996 a 2005". Se reconoce así un "hecho continuado, que origina tantos plazos de prescripción como haberes sean liquidados", citando doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional conforme a la cual "no se trataría aquí de un hecho único, ya pasado, cuyo juzgamiento tardío comprometa la seguridad jurídica ni un hecho consentido tácitamente [.sino] por el contrario, del deterioro del sueldo de hoy, que sumado al deterioro de meses anteriores y posteriores, completa un cuadro de perjuicio". Sobre la inconstitucionalidad de las normas, la Cámara confirmó el razonamiento de grado expresando: "Los argumentos desplegados en torno a tales aspectos en el recurso bajo examen no se dirigen a refutar en forma puntual algunas de las principales líneas de razonamiento que han servido de sustento al fallo". La Cámara sostuvo que el control constitucional se fundó correctamente en los principios de razonabilidad y progresividad "expresamente consagrados en los artículos 28 de la Constitución nacional y 39 inciso 3 de la Constitución local". Enfatizó que "la compatibilidad de las leyes con las cartas fundamentales también puede -y debe
- analizarse con base en los principios constitucionales, pues estos no constituyen meras pautas programáticas, sino normas jurídicas operativas idóneas para integrar el parámetro de constitucionalidad, especialmente en el ámbito laboral y de la seguridad social". Rechazó la pretensión fiscal de requerir una situación de emergencia, indicando que "los referidos no son los únicos lineamientos que es dable recoger de la jurisprudencia citada" de la Corte Suprema Nacional, pues "en dichos antecedentes se estableció, fuera de lo apuntado por la representación fiscal, que para que una reducción de salarios de agentes estatales encuentre sustento en la Constitución nacional, ella debe cumplir, además, con los requisitos de haberse adoptado ante situaciones excepcionales de emergencia, con efectos generales y con vigencia transitoria". Concluyó que "las restricciones implementadas no tuvieron carácter temporario, ya que la regulación de la bonificación por antigüedad relacionada con los años 1996 a 2005 sigue surtiendo efectos hasta el presente". Respecto al cálculo de la condena, la Cámara confirmó que debe tomarse como base el haber actual al momento de adquirir firmeza la sentencia, citando el precedente unánime de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en "Vázquez Pertierra" (B. 64.571, sent. del 03/10/2025), donde "todos los magistrados votantes coincidieron en reconocer el monto adeudado por el Estado a valores actuales". Sin embargo, en relación a la actualización futura mediante IPC, la Cámara modificó lo resuelto por la jueza de grado. El Dr. Muñoz expresó que "la decisión de extender los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones que consagran la prohibición de indexación hacia el futuro, esto es, con posterioridad a la fecha de la sentencia, no parece tomar debidamente en cuenta que tal clase de invalidación de las normas constituye la ultima ratio del ordenamiento". En su lugar, aplicó el régimen de "interés puro del 6% anual desde el devengamiento de cada haber y hasta el momento en que este pronunciamiento adquiera firmeza y, de allí en más, la tasa pasiva más alta, vigente en cada período de aplicación, que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus depósitos a 30 días".