.................... S/ RECURSO DE CASACION (RPJ)

Quién demanda: María Raquel Ponzinibbio, Defensora Oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en representación de Valentino Benjamín Acosta, un joven privado de libertad.

¿A quién se demanda?

Al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata y a la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata, que confirmaron la decisión de diferir la resolución sobre libertad de cumplimiento.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se cuestiona la interpretación del artículo 97 de la ley 15.571 realizada por los tribunales inferiores. La defensa sostiene que el instituto de libertad de cumplimiento opera automáticamente al cumplirse el plazo legal de seis meses antes del agotamiento de la pena, sin requerir requisitos adicionales. Argumenta que el requerimiento de informes para evaluar la procedencia de la libertad constituye una errónea aplicación de la norma, violatoria del principio de interés superior del niño y del principio pro homine.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal de Casación Penal hizo lugar parcialmente al recurso y reenviò las actuaciones a la instancia de origen con lineamientos específicos. Confirmó que la libertad de cumplimiento no opera automáticamente y requiere una valoración judicial fundada en la conducta del joven, pero estableció parámetros estrictos sobre cómo debe ejecutarse esa evaluación. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal de Casación Penal, a través del voto del Juez Bouchoux (acompañado por el Juez Kohan), desarrolló una interpretación sistemática del artículo 97 de la ley 15.571. En primer lugar, reconoció que el instituto de libertad de cumplimiento requiere una valoración judicial: "desde una mirada integral y sistemática de la regulación legal aplicable y atendiendo a la finalidad de la prevención especial positiva, la procedencia del instituto de marras, cumplido el plazo legal, exige una valoración del juez fundada en la conducta el joven en su tránsito intra muros y luego de otorgar a las partes la posibilidad de ser escuchadas." Sin embargo, el Tribunal enfatizó que esta valoración debe ser oportuna y realizada dentro del plazo legal establecido por el legislador: "esa inteligencia de la norma demanda que la decisión jurisdiccional al respecto sea oportuna, pues es indiscutible que el art. 97 incorpora un instituto cuya finalidad es evitar que el adolescente permanezca privado de libertad más allá del tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines socio-educativos de la sanción. El legislador fijó como momento de análisis los seis meses anteriores al agotamiento de la pena porque evidentemente entendió que, llegado ese tramo final de ejecución, debe evaluarse si resulta o no necesario mantener el encierro hasta el vencimiento íntegro de la condena." El Tribunal estableció un estándar claro respecto de la amplitud de los informes requeridos: "Es evidente que el análisis acerca de la procedencia de la libertad anticipada que instituye el art. 97 no consiste en rediseñar integralmente el tratamiento penitenciario del joven ni en efectuar una nueva evaluación criminológica semejante a la que podría requerirse para otros institutos de progresividad (salidas periódicas, prisión domiciliaria, libertad asistida, libertad controlada). La cuestión consiste únicamente en determinar si, en el tramo final de la condena, existe algún elemento concreto que permita concluir que la permanencia en prisión continúa siendo necesaria." Especificó que el informe actualizado "debería circunscribirse a extremos tales como: conducta disciplinaria reciente, concepto actual, vigencia de sanciones disciplinarias pendientes, registro de conflictos relevantes durante el alojamiento, eventual existencia de otra causa o medida que pudiera impedir la concesión de la libertad. Es decir, datos objetivos que permitan verificar si existe algún obstáculo actual para el egreso. En cambio, el pedido de informes de pronóstico criminológico o de personalidad exceden el objeto inmediato del instituto." El Tribunal concluyó que en el caso concreto "el tiempo de los seis meses anteriores al vencimiento de la pena han sido superados y los informes han sido solicitados con exceso de aquello que requiere una adecuada interpretación del instituto." El Juez Kohan complementó el análisis señalando que "distinta es la entidad de esa valoración según el instituto de que se trate" y que "de ello se sigue, en una lectura sistemática del capítulo, que los informes de índole criminológica, psicológica o de pronóstico de reinserción resultan propios de esos otros institutos, mas no de la hipótesis del art. 97, cuyo objeto se agota en verificar si, en el tramo final de la condena, el concepto y la conducta del joven no presentan un obstáculo actual para su egreso."