PORTELA RODRIGUEZ JUAN CARLOS C/ CAJA DE JUBILACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANC S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION

¿Qué se resolvió en el fallo?

Demandante: Juan Carlos Portela Rodríguez, jubilado del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Demandado: Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Objeto del reclamo: Declaración de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley 15.008 (especialmente el art. 41), solicitando se reconozca el derecho a percibir movilidad jubilatoria conforme la variación del salario del personal activo, tal como lo establecía el régimen anterior (Ley 11.761). Peticionó retroactividad desde enero de 2018, con costas e intereses a tasa activa. Decisión de Primera Instancia: Admitió parcialmente la demanda declarando la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley 15.008 en su aplicación concreta al caso. Reconoció el derecho del actor a calcular la movilidad conforme el artículo 57 de la Ley 13.364, desde la presentación del reclamo administrativo o demanda. Aplicó prescripción según artículo 43, segundo párrafo, de la Ley 15.008. Rechazó los demás planteos de inconstitucionalidad. Impuso costas a la demandada. Decisión de la Cámara: La Cámara rechazó el recurso de apelación de la demandada (Caja) y hizo lugar parcialmente al de la parte actora:
- Confirmó la inaplicabilidad del artículo 41 de la Ley 15.008 y la vigencia del sistema anterior de movilidad.
- Confirmó la aplicación de prescripción conforme artículo 43 de la Ley 15.008 (actual art. 49 de la Ley 15.514), rechazando el agravio del actor sobre imprescriptibilidad de diferencias devengadas.
- Modificó el régimen de intereses: ordenó calcular las retroactividades a valores actuales, adicionando intereses desde cada devengamiento hasta la sentencia al 6% anual, y de allí en adelante a la tasa pasiva más alta que pague el Banco Provincia en operaciones a treinta días (en lugar de únicamente tasa pasiva como dispuso primera instancia).
- Distribuyó costas: 80% a la demandada y 20% en orden causado. Fundamentos principales de la decisión: La Cámara se basó en la doctrina establecida por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en causa "Macchi" (I. 75.111, resolución 17-IV-2019) y "Tripicchio" (I. 75.223 bis, resolución 31-VIII-2021), que declara la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley 15.008: "El art. 41 de la ley 15.008 atiende a indicadores completamente ajenos al cargo regulatorio del haber, provocando la pérdida del carácter sustitutivo de la prestación previsional. El índice de movilidad establecido en el anexo de la ley nacional 26.417 -al que remite aquella norma
- se compone de la sumatoria de dos indicadores; tales como el 70% integrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el 30% por la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE). Es decir, la movilidad del período involucrado en ningún caso se calcula de acuerdo a variables propias de la remuneración relativa al cargo base." La Cámara señaló que el sistema anterior vinculaba la movilidad directamente a la variación del salario del personal activo del Banco, asegurando la "necesaria proporción que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad" (artículos 39 inc. 1 de Constitución Provincial; 14 bis Constitución Nacional). El tribunal enfatizó: "ese diseño legislativo con reenvío al fin y al cabo genérico, indeterminado y maleable por un poder ajeno a la Provincia, no encuentra en principio justificación plausible en un ámbito que compromete derechos fundamentales preferentes y en el que, por implicancia, es menester priorizar la previsibilidad, la seguridad jurídica y la no regresividad." Respecto de la prescripción, la Cámara aclaró que "no se discute la imprescriptibilidad del derecho al beneficio previsional que invoca la demandante, sino las diferencias de haberes reconocidas y la aplicación del plazo de prescripción de las retroactividades que pudieron haberse devengado más allá de los dos años anteriores a la formulación de reclamo administrativo o articulación de la demanda." El artículo 43 de la Ley 15.008 prescribe a los dos años la obligación de pagar haberes devengados, disposición que estaba contemplada en regímenes anteriores (artículos 60 Ley 11.761; 59 Ley 13.236). Respecto a los intereses, la Cámara aplicó la doctrina de la Suprema Corte en "Gelvez" (A. 74.138) y otras causas, determinando que debe calcularse el 6% anual desde cada devengamiento hasta la sentencia, y desde allí en adelante la tasa pasiva más alta que pague el Banco Provincia en operaciones a treinta días, considerando que esta regla de composición es "adecuada" para el ámbito previsional.