OCAMPOS MARTA BEATRIZ C/ MINISTERIO DE SALUD Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

Quién demanda: OCAMPOS MARTA BEATRIZ, empleada pública de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

PROVINCIA DE BUENOS AIRES (MINISTERIO DE SALUD Y/O INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

El reconocimiento del derecho a que se liquide y pague la bonificación por antigüedad en un 3% respecto de la totalidad de los años de servicios prestados; la declaración de inconstitucionalidad de toda ley, decreto o resolución que haya determinado un porcentaje inferior o que lo haya eliminado; y el reconocimiento retroactivo de las sumas no prescriptas, sus intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hizo lugar a la demanda, reconociendo el derecho de la actora a percibir bonificación por antigüedad al 3% de conformidad con lo vigente hasta 1995 y desde 2006 en adelante. Declaró inconstitucionales las leyes 11.739, 11.905 y sus similares, así como el decreto 240/96. Condenó al Estado a abonar las diferencias salariales devengadas dentro de los plazos de prescripción, con intereses al 6% anual desde el devengamiento hasta determinación de valor actual, y luego la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal sostuvo que las modificaciones de la bonificación por antigüedad implicaron una disminución salarial y no una mera modificación prospectiva, circunstancia que se evidencia por la propia exclusión de los magistrados de tales medidas, cuyas remuneraciones gozan de protección constitucional de intangibilidad. En palabras del fallo: "En efecto, si los magistrados fueron dejados aparte de tales 'modificaciones' -tal y como surge de la propia lectura de las normas citadas arriba
- en virtud de la garantía constitucional de intangibilidad de sus remuneraciones, es autoevidente que las medidas en estudio implicaron una disminución salarial. Tan es esto así que el propio decreto 240/96 se dictó bajo la consideración de que '...a los fines de la Ley citada y por razones de índole constitucional, no corresponde considerar incluidos en el Concepto de Personal de la Administración Pública a los Magistrados y miembros del Ministerio Público del Poder Judicial'." El Tribunal consideró que, conforme jurisprudencia de la CSJN, para que una reducción salarial sea válida debe cumplirse con requisitos específicos: "que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución". En el caso concreto, faltaron al menos dos condiciones: no hubo situación excepcional de emergencia debidamente declarada y las medidas no fueron transitorias, pues subsistían al momento del pronunciamiento (nueve años después del cese formal en 2006). Además, el Tribunal enfatizó la protección especial que brinda la Constitución Provincial de Buenos Aires a través del principio de progresividad en materia laboral (art. 39, inc. 3°). Sostuvo: "Así, la progresividad establece un estándar básico o piso de protección, a partir del cual es posible acrecentar o extender un derecho, más no desconocerlo o disminuirlo, lo que se conoce como 'principio de no regresividad'." El Tribunal citó doctrina de la CSJN en el sentido de que "todas las medidas estatales de carácter deliberadamente 'regresivo' en materia de derechos humanos requieran la consideración 'más cuidadosa', y deban 'justificarse plenamente'", conclusión que no se verificaba en el presente caso. Respecto de la prescripción, el Tribunal rechazó la excepción de prescripción total por tratarse de un hecho continuado, en el cual el plazo se renueva periódicamente desde que cada crédito resulta exigible mensualmente. Sin embargo, aplicó prescripción parcial conforme a la nueva doctrina legal de la SCBA establecida en la causa "Ledesma", concluyendo que resulta aplicable el plazo bienal del art. 2562 inc. c del Código Civil y Comercial, por lo que sólo resultan exigibles las sumas devengadas en los dos años previos a la interposición de la demanda o reclamo administrativo. Finalmente, señaló que no podía extenderse la condena al Instituto de Previsión Social por no haber sido demandado, resultando la legitimación de las partes un requisito constitutivo para la existencia de caso, conforme jurisprudencia de la CSJN.