FERREYRA JULIAN HONORIO C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

Quién demanda: Ferreyra Julián Honorio, empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Servicio Penitenciario Bonaerense) e Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento del derecho a que se liquide su remuneración aplicando un 3% de bonificación por antigüedad respecto de la totalidad de años de servicios prestados, con declaración de inconstitucionalidad de las normas que redujeron o eliminaron este porcentaje, más reconocimiento retroactivo de sumas no prescriptas, intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda. El Tribunal reconoció el derecho a percibir bonificación por antigüedad del 3% para todos los años computados, declaró inconstitucionales las leyes 11.739, 11.905 y similares, así como el decreto 240/96, y condenó al pago retroactivo de diferencias salariales con intereses. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal estableció que, aun cuando el Estado puede reducir salarios en situaciones excepcionales de emergencia con carácter temporal y efecto futuro, las medidas cuestionadas no cumplieron con estos requisitos: "En el caso de autos, los antecedentes de la causa, normas citadas y sus fundamentos, evidencian con claridad la ausencia de, al menos, dos de esas condiciones: no hubo una situación excepcional de emergencia (no fue así declarado independientemente de los fundamentos de la ley 11.739 sobre la crisis mundial) y no fueron de carácter temporario, lo cual surge del propio texto de las normas, pues al día de hoy nueve años se siguen abonando con la disminución." El análisis más relevante giró en torno al principio de progresividad incorporado en la Constitución Provincial de 1994: "A tales razones de carácter general se suma, muy especialmente en el caso particular de la Provincia de Buenos Aires, una especial protección constitucional de relevancia en el supuesto de marras, debido a la consagración expresa del principio de progresividad en materia laboral (art. 39, inc. 3 Const. Pcial.), incorporado por la reforma de 1994 a nuestra Carta Magna local. Así, la progresividad establece un estándar básico o piso de protección, a partir del cual es posible acrecentar o extender un derecho, más no desconocerlo o disminuirlo, lo que se conoce como 'principio de no regresividad'." El Tribunal citó la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional sobre la obligación estatal de no adoptar medidas regresivas: "el principio de progresividad impone que todas las medidas estatales de carácter deliberadamente 'regresivo' en materia de derechos humanos requieran la consideración 'más cuidadosa', y deban 'justificarse plenamente'". Concluyó que "si se había llegado en 1995 a que se bonifique la antigüedad en un 3%, su disminución implica un retroceso en aquello que fuera conquistado, incompatible con la cláusula constitucional citada." Respecto de la prescripción, el Tribunal rechazó la defensa total por tratarse de un hecho continuado: "en el caso de autos, estamos frente a un hecho continuado en el tiempo, por lo cual, el plazo se renueva periódicamente desde que cada crédito resulta exigible". Sin embargo, aplicó prescripción parcial según el nuevo Código Civil y Comercial (2 años) para las sumas devengadas.