DAIX BARBARA C/ MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO
Agente de planta temporaria demanda a municipio por cese tras cinco años y siete meses de prestación de servicios como enfermera. La Cámara confirma la indemnización por daño material por desviación de poder, pero modifica el régimen de cálculo de intereses, eliminando la aplicación del índice RIPTE para evitar doble indexación.
¿Quién es el actor?
Bárbara Daix, agente de planta temporaria.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Hurlingham.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Pretensión anulatoria del cese de la relación laboral y/o reinstalación en el cargo, subsidariamente indemnización por daños y perjuicios derivados del cese. Reclamos accesorios por horas extras, antigüedad, preaviso, multas de la LCT, SAC proporcional y licencias no gozadas.
¿Qué se resolvió?
La Cámara hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad. Confirmó que:
- La actora tiene derecho a indemnización por daño material en concepto de desviación de poder
- Se rechaza la pretensión anulatoria del cese y la reinstalación
- Se rechazan los rubros fundados en la Ley de Contrato de Trabajo
- Se modifica el mecanismo de cálculo de intereses y actualización
Fundamentos principales:
"La demandada utilizó figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado" (citando precedente "Ramos" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 333:311). El Tribunal sostuvo que la prolongación por más de un lustro del vínculo destinado a cubrir necesidades permanentes del área de salud municipal generó en la actora "una legítima expectativa de permanencia que, tras la extinción del contrato amparada formalmente en el vencimiento del plazo, generó perjuicios que deben ser reparados".
Respecto de la prueba testimonial, la Cámara desestimó la objeción a los testigos Antonioli y Calderón, señalando que "la circunstancia de que un testigo tenga un juicio pendiente con la demandada o sea empleado de la misma no implica, per se, una causal de exclusión probatoria ni de inhabilitación automática". Destacó que "la contundencia de los actos administrativos propios de la Comuna la que sella la suerte de la cuestión fáctica principal, limitándose la prueba testimonial a corroborar la modalidad de prestación del servicio".
Sobre el mecanismo de cálculo, la Cámara corrigió la distorsión económica: "Asiste razón a la queja de la representación municipal en cuanto denuncia una flagrante distorsión económica y un consecuente enriquecimiento sin causa originado en el defectuoso mecanismo de cálculo ordenado por el a quo". Estableció que siendo una deuda de valor cuantificada a valores actuales (sueldo neto actual), no corresponde adicionar la tasa RIPTE, sino solo el 6% anual desde el cese hasta que adquiera firmeza la sentencia, y de allí en más la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
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