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GIMENEZ, SOL C/ IOMA S/AMPARO

Amparo por cobertura de insumos médicos: la Cámara confirmó las astreintes de $350.000 diarios impuestas al IOMA por incumplimiento injustificado de la sentencia de primera instancia que ordenaba la entrega de catéteres, pañales y irrigador anal a menor afiliada.

1. astreintes 2. incumplimiento de sentencia 3. sancion conminatoria 4. amparo administrativo 5. cobertura de insumos medicos 6. desobediencia a mandato judicial 7. derecho a la salud 8. medidas cautelares 9. recurso de apelacion 10. ioma

Quién demanda: Sol Giménez, en carácter de representante de la menor Alma Almendra (Afiliada Nº 122798639403).

¿A quién se demanda?

Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobertura integral de insumos médicos específicos: cateterismo intermitente sonda/cateter pediátrica tipo 3 (compacta lubricada con bolsa recolectora) en 150 unidades mensuales; pañal descartable de niño, anatómico, con gel, en 150 unidades mensuales; e irrigador anal, en forma permanente, continua e ininterrumpida.

¿Qué se resolvió?

La Cámara rechazó el recurso de apelación articulado por IOMA y confirmó la sentencia de grado que hizo efectivo el apercibimiento de astreintes por $350.000 diarios por cada día de retardo en el cumplimiento de la orden judicial. Se condenó a IOMA al pago de costas de Alzada. Fundamentos principales de la decisión: La Cámara sostuvo que las sanciones conminatorias previstas en el art. 37 del Código Procesal Civil y Comercial constituyen "un medio de compulsión administrado por los jueces que tiende a obtener el efectivo cumplimiento de un mandato judicial cuando es resistido por el obligado, mediante la aplicación de una condena pecuniaria que lo afecta mientras no haga lo debido". En este sentido, expresó: "solo debe efectivizarse o mantenerse una sanción conminatoria en tanto se verifique la desobediencia injustificada a la orden jurisdiccional, por lo cual, puede ser dejada sin efecto o reajustada en su cuantificación —aun cuando no se hallase cabalmente cumplida la prestación debida— si el deudor justifica total o parcialmente su proceder y coopera a la realización de la condena." La sentencia de grado fue dictada el 4 de junio de 2025 ordenando a IOMA cumplir con la entrega de los insumos en término de tres días. Sin embargo, la Cámara constató que se produjo "incumplimiento parcial" de la orden, con un "faltante acumulado de CUATRO (4) CAJAS DE SONDAS, equivalentes a OCHENTA (80) UNIDADES" al 13 de enero de 2026. Ante este panorama, el Tribunal de grado intimó a IOMA el 30 de diciembre de 2025 "en el término de 96 horas a contar desde su notificación; de cumplimiento con la entrega completa de las prestaciones oportunamente ordenadas, bajo apercibimiento de aplicar una MULTA DE $350.000 por cada día de retardo." Verificado el incumplimiento, el 14 de enero de 2026 se hizo efectivo el apercibimiento. Respecto de los argumentos de IOMA, la Cámara sostuvo: "La reseña del trámite procesal que precedió al dictado del auto bajo análisis, patentiza el incumplimiento a la orden judicial impuesta al Instituto accionado, circunstancia que habilitó al Tribunal de la instancia a imponer astreintes, a los fines de compeler el cumplimiento de la sentencia definitiva dicta en autos el día 4-6-2025." Rechazó las justificaciones administrativas esgrimidas: "los argumentos en los que la apoderada fiscal procuró apuntalar el accionar estatal no resultan a esta altura idóneos para justificar el incumplimiento de la obligación impuesta judicialmente." Sobre la cuantía de las sanciones, la Cámara precisó: "queda reservado el remedio de apelación para quien sufre el gravamen sancionatorio, cuando alegue y demuestre desproporcionalidad, irrazonabilidad y/o confiscatoriedad de la multa procesal." Destacó que "será el mismo juzgador quien, al emplear este instrumento, gradúe su cuantía con vistas a doblegar la desobediencia," y que IOMA no aportó los elementos de juicio necesarios para demostrar irrazonabilidad.

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