FARIAS VIVIANA ISABEL Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO S/ AMPARO

Quién demanda: Viviana Isabel Farías

¿A quién se demanda?

Municipalidad de General Alvarado y La Surfería Brothers S.R.L.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Suspension de la Ordenanza Municipal 284/24 que autorizaba la explotación de instalaciones para escuela de surf en espacio público costero ubicado en Ruta 11, km. 2,5, "Puesto 7", por omisión de evaluación de impacto ambiental (EIA), solicitud de apertura de proceso licitatorio y realización de procedimiento administrativo ambiental. Se demandaba asimismo la cesación de actividades y medidas cautelares.

¿Qué se resolvió?

El Juzgado de Primera Instancia declaró abstracto el proceso por pérdida de vigencia de la Ordenanza 284/24 (que venció el 30 de abril de 2025), impuso costas en el orden causado e impugnó en apelación por la actora y la Municipalidad demandada. La Cámara de Apelación confirmó la sentencia de grado, rechazando ambos recursos. Fundamentos principales de la decisión: El tribunal enfatizó que "el objeto del litigio se encontró circunscripto al cuestionamiento de la legitimidad de la Ordenanza Municipal N° 284/24, mediante la cual se conferiría una explotación de carácter precario sobre el espacio público costero ubicado en Ruta 11, km. 2,5, conocido como 'Puesto 7'". La Ordenanza 284/24, sancionada el 25-09-2024, autorizaba a "La Surfería SRL la explotación de las instalaciones para el uso propuesto (escuela de surf, viajes y retiros de surf) hasta el mes de mayo de 2025 y/o hasta que se instrumente el proceso licitatorio". La Cámara concluyó: "Con posterioridad a la promoción de la demanda, se verificó una modificación sustancial de las circunstancias fácticas y jurídicas que dieron origen al presente proceso. En efecto, mediante el decreto Nº 2369/2025 se dispuso el otorgamiento de la concesión del predio, previa sustanciación del correspondiente procedimiento de licitación pública, resultando adjudicataria la firma 'La Surfería Brothers SRL'. Tal circunstancia sobreviniente, importa una alteración del contexto en el que se planteó la pretensión inicial y excede el objeto procesal delimitado en estas actuaciones". Respecto del argumento de la actora sobre la persistencia de la necesidad de EIA, la Cámara precisó: "No se trata aquí, como intentan introducir las apelantes, de circunstancias sobrevinientes que, llegado el caso y de haber sido así planteadas, podrían abastecer la posibilidad de continuación del proceso. Las cuestiones apuntadas las han relacionado con una ordenanza no vigente y, por ello, su tratamiento impone la interposición de una nueva acción". Asimismo, enfatizó que "siendo así, superadas las cuestiones aclaratorias incorporadas al preliminar objeto demandado -y éste mismo
- no se despliegan en el memorial de las actoras argumentos críticos con idoneidad suficiente para derribar la conclusión a que llegara el juez de la instancia". En cuanto al recurso de la Municipalidad respecto a las costas, la Cámara observó que "el consentimiento tácito a lo resuelto tuvo como consecuencia directa conformarse con la afirmación expresa del juzgador al fundar su decisión, de no considerar vencedora o vencida a alguna de las partes. A partir de allí, la pretensión de calificar la conducta asumida por las actoras frente al pleito...para provocar la modificación de la distribución de costas dispuesta, no constituye otra cosa que adjudicar la condición de vencida a una parte cuando, en virtud de su propia y voluntaria decisión procesal, antes había asumido una postura distinta", incurriendo en conducta procesal contradictoria.