CASTRO PEDRO EZEQUIEL C/ LEVITAN GUSTAVO ALEJO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)

Quién demanda: Pedro Ezequiel Castro

¿A quién se demanda?

Gustavo Alejo Levitan (conductor responsable del siniestro) y Sancor Cooperativa de Seguros Limitada (citada en garantía)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito ocurrido el 12/10/2021, que causó lesiones graves al actor: lesión postraumática en mano izquierda (incapacidad 7,5%), lesión postraumática en pelvis (incapacidad 15%), perjuicio estético (incapacidad 6%), Trastorno de Stress Postraumático de grado moderado (incapacidad 20%), daño moral, daños al vehículo (motocicleta Yamaha YBR 125 con destrucción total), gastos de farmacia, traslado, vestimenta y tratamiento.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia del 22/08/2025 que hizo lugar a la demanda, condenando a la demandada y a la aseguradora al pago de indemnizaciones. Se modificó parcialmente el fallo elevando el daño moral a $7.900.000 (antes estaba en monto menor) y se modificó la tasa de interés aplicable. Fundamentos principales de la decisión: Respecto de la legitimación activa rechazada por la demandada, la Cámara confirmó que el actor tenía legitimación para accionar, considerando que presentó boleto de compraventa y formulario 08 de la motocicleta, que lo acreditaban como poseedor de buena fe según lo dispuesto en el artículo 1772 del Código Civil y Comercial: "La reparación del menoscabo a un bien o a una cosa puede ser reclamado por: a) el titular de un derecho real sobre la cosa o bien; b) el tenedor y el poseedor de buena fe de la cosa o bien." En cuanto a la incapacidad física y psíquica, la Cámara sostuvo que el informe pericial resultaba fundamental en cuestiones técnicas como estas, pero consideró que algunas lesiones ya habían sido objeto de afectación en accidentes laborales previos sufridos por el actor (ocho accidentes laborales anteriores registrados por la ART). Por ello, confirmó el porcentaje de incapacidad del 25% de la Tabla de Ohlmsted (T.O.) establecido en primera instancia, rechazando los agravios del actor en este extremo. La Cámara enfatizó que "el informe pericial resultó objeto de pedido de explicaciones, las cuales fueron oportunamente evacuadas por la profesional" y que la introducción de los antecedentes laborales como hecho nuevo fue debidamente admitida mediante resolución del 13/09/2023. Respecto del daño moral, la Cámara elevó la indemnización a PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL ($7.900.000), considerando que "la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida", citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 334:376). Se consideraron las características personales del damnificado (31 años al momento del hecho, soltero, empleado de mantenimiento, progenitor de un hijo) y la expectativa de vida estimada en el país. En materia de interés, la Cámara modificó la tasa establecida en primera instancia, disponiendo que "los intereses devengados deberán ser calculados desde la fecha del hecho dañoso y hasta la fecha de la sentencia de primera instancia a la tasa pura del 6% anual y, de allí en más, a la tasa activa (para restantes operaciones en pesos) fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días", considerando la inflación como "factor tan corrosivo para el equilibrio negocial" y citando doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia. Respecto del límite de cobertura del seguro, la Cámara realizó un análisis profundo y confirmó lo resuelto en primera instancia. Aunque en principio sostuvo que "las cláusulas que prevén la existencia de limitaciones en la responsabilidad resultan oponibles a los terceros", realizó una revisión integral a la luz de la doctrina legal del precedente "Martínez" (SCBA, 21/II/2018). Consideró que la delimitación de cobertura resultaba irrazonable por la "divergencia de contextos existentes entre la delimitación del riesgo contenida en la póliza de seguro con vigencia en el año 2021 y los daños justipreciados por el sentenciante en el año 2025". La póliza establecía un límite de responsabilidad civil obligatoria de $17.500.000, pero la Cámara enfatizó que "el transcurso del tiempo, el diferimiento del cumplimiento de la obligación de garantía a cargo de la aseguradora y la valuación judicial del daño ocasionado han provocado la desnaturalización del vínculo contractual por la sobreviniente disminución de la incidencia de la cobertura contratada en la cuantía de la indemnización finalmente resultante." Concluyó que "el impacto progresivo del fenómeno inflacionario ha hecho mella en el alcance real de la cobertura contratada en su oportunidad (año 2021), por lo que corresponderá adecuar los límites de cobertura a los mínimos previstos por la Superintendencia de Seguros de la Nación." Las costas de ambas instancias fueron impuestas a la demandada y citada en garantía, conforme al artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial, por resultar vencidas en el litigio.