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FERNANDEZ FERNANDO C/ PROVINCIA ART SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

El actor demandó a la ART por indemnización por incapacidad laboral derivada de un accidente de trabajo sufrido el 8 de abril de 2022 al manipular una caja de vacunas en su tarea de veterinario. El Tribunal hizo lugar a la demanda y condenó a la demandada a abonar $1.841.584, declarando además la inconstitucionalidad de normas que impedían la actualización del crédito según índices salariales.

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¿Qué se resolvió en el fallo?

Demandante: Fernando Fernandez, quien se desempeñaba como Veterinario en el Vacunatorio Municipal de la Municipalidad de Morón. Demandado: Provincia ART SA, aseguradora de riesgos del trabajo afiliada por la empleadora. Objeto de la demanda: Reclamo de indemnización por incapacidad laboral permanente parcial derivada de accidente de trabajo ocurrido el 8 de abril de 2022, cuando al ingresar con una caja de vacunas en sus brazos, la misma se lateralizó y el trabajador realizó un movimiento que le provocó lesiones en el hombro derecho. Decisión del Tribunal: Se hizo lugar a la demanda. El Tribunal condenó a Provincia ART SA a abonar la suma de $1.841.584 en concepto de incapacidad física. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928 y artículos 4 y 5 de la Ley 25.561. Fundamentos principales: El Tribunal determinó que el trabajador presentaba "secuelas de lesión en el hombro derecho con ruptura del manguito rotador" con un grado de incapacidad laboral permanente del 10.06% de la total obrera, conforme al Baremo del Decreto 659/96. Según consta en la sentencia: "De tal modo, el trabajador presenta secuelas de lesión en el hombro derecho con ruptura del manguito rotador que lo incapacita en un 13% de la t.o. pero mencionando que solo un 70% de la misma corresponde al siniestro bajo examen al existir hallazgos de tipo degenerativos. Termina por fijar, entonces, en un 9.1% de la t.o. el porcentaje de incapacidad relacionado con el infortunio agregando un 0.4% al tratarse del miembro hábil ascendiendo la misma hasta el 9.5% total. Aduna por factores de ponderación un 0.47% por dificultad para realizar tareas y un 0.09% por edad. En suma, fija en 10.06% el grado de ILP de la cual el actor es portador conforme Baremo del Dto. 659/96." Respecto de la actualización monetaria del crédito indemnizatorio, el Tribunal realizó un control de constitucionalidad de oficio y declaró inconstitucionales las disposiciones que impedían la actualización según índices salariales. Sostuvo: "De tal forma, y haciendo propios los argumentos esgrimidos por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el citado precedente 'Barrios', se impone declarar la inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928 y art. 4 Ley 25.561. No obsta a este razonamiento el hecho que la parte actora no haya efectuado reproche constitucional alguno en su demanda, pues por imperio del sistema de control de constitucionalidad difuso, los jueces estamos obligados a realizar un estricto control constitucional y convencional de las normas aplicables a un proceso judicial." El monto fue calculado conforme a la Ley 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo), la Ley 26.773 y la Ley 27.348, aplicando la fórmula del artículo 14 de la LRT: "...una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a cincuenta y tres (53) veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultará de dividir el número sesenta y cinco (65) por la edad de la damnificada a la fecha de la primera manifestación invalidante..." El ingreso base mensual del actor fue fijado en $316.297,31. La edad del trabajador al momento del accidente era de 71 años.

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