ARAYA FLORENCIA VALERIA C/ HOTEL YAGUARON S.A. S/ DESPIDO
Trabajadora demanda indemnización por despido a hotel argumentando falta de registración y adeudo de haberes. El Tribunal rechazó la demanda por deficiencias técnicas insalvables en su presentación, que impidieron acreditar los presupuestos fácticos del reclamo.
Quién demanda: Florencia Valeria Araya, representada por la Dra. Marisa Isabel Arellano.
¿A quién se demanda?
Yaguaron SA.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por despido y otros rubros laborales, alegando que la actora ingresó a trabajar el 23/12/2018 sin recibir recibos de sueldos en legal forma ni estar inscrita en organismos previsionales, impositivos, sindicales ni en Obra Social. Solicitó asimismo declarar temeraria y maliciosa la conducta de la demandada y planteó la inconstitucionalidad de las leyes 25.561 y 23.928.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda por incausada, imponiéndose costas a la actora. Fundamentos principales de la decisión: "Si bien es cierto que la falta de contestación de la demanda autoriza al juez a tener por reconocidos los hechos pertinentes y lícitos afirmados por la parte actora y por reconocida la documentación acompañada por ella misma (art. 354 inc. 1º del CPCC y 89 ley 15.057), 'la rebeldía de la contraria no exime al actor de evidenciar la justicia de su reclamo, aportando a la causa los elementos de convicción que justifiquen su legitimidad' (SCBA, LP C 118.232 S 08/04/2.015)." El Tribunal destacó múltiples inconsistencias fatales en la demanda: la fecha de ingreso denunciada como 23/12/2018 contraría los períodos reclamados en la liquidación (03/03/2006 a 01/02/2018); las discrepancias en la remuneración ($80 por hora en TCL, $560 en demanda sin aclarar periodicidad, $24.140 en liquidación); la solicitud de informe a UTHGRA sobre escala salarial de febrero 2018, anterior a la fecha de ingreso; y la ausencia de sello o número de expediente en la supuesta denuncia ante el Ministerio de Trabajo. "La defectuosa manera en que ha sido impetrada la demanda, no respetando los recaudos mínimos exigidos por los incs. 'c', 'd', 'f' y 'h' del art. 31 de la ley 15.057, sin que surja el marco fáctico y jurídico en que se sustenta la acción deducida, limita el quehacer jurisdiccional." El Tribunal enfatizó que "apreciar y definir los efectos de la rebeldía constituye una facultad privativa de los jueces, pues aquello sólo crea una presunción a favor de la veracidad del relato de los hechos que constan en la demanda, pero en modo alguno impone acceder, automáticamente o mecánicamente, a las pretensiones del actor."
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