LUCERO OSCAR SEBASTIAN Y OTRO/A C/ GARAY ANDREA TATIANA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)

Quién demanda: Martina Blanca Lucero, Oscar Sebastián Lucero y Rosalía Bettina Marini.

¿A quién se demanda?

Andrea Tatiana Garay y Alejo Héctor Abel Veloso (propietaria y guardián del vehículo), siendo citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito ocurrido el 9 de junio de 2017, en el que un vehículo VW Bora salió marcha atrás de un aparcamiento en el Barrio de las Mil Viviendas (Victoria, San Fernando), impactando a Martina Blanca Lucero, quien tenía 13 años al momento del evento. Las lesiones sufridas fueron: fractura bimaleolar de tibia y peroné izquierdos (tratada con reducción quirúrgica y osteosíntesis) y cicatrices permanentes, generando un Trastorno de Estrés Postraumático en grado moderado con secuelas irreversibles equivalentes al 19,7% de total.

¿Qué se resolvió?

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda, condenando a los demandados al pago de $8.296.000 a Martina Blanca Lucero, $10.000 a Oscar Sebastián Lucero y $10.000 a Rosalía Bettina Marini. La Cámara de Apelaciones modificó estos montos, incrementando la indemnización por incapacidad sobreviniente de $4.000.000 a $13.000.000, el daño moral de $1.800.000 a $8.000.000, y los gastos médicos de $10.000 a $50.000 para cada progenitor. Asimismo, revocó la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 realizada de oficio por el juez de grado, dejando sin efecto la indexación monetaria pero manteniendo los intereses al 6% anual desde el hecho hasta la sentencia y a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires posteriores. Fundamentos principales: 1. Sobre incapacidad sobreviniente: La Cámara sostuvo que "lo que se indemniza en este ítem es el daño económico ocasionado como consecuencia de las secuelas irreversibles que dejó la lesión traumática, una vez completado el plazo de recuperación o restablecimiento, que se traduce en una merma de la capacidad de la víctima en el sentido amplio, no sólo en su aptitud laboral, sino también en la relacionada con la actividad social, cultural, deportiva." Enfatizó que "la integridad psicofísica constituye un bien en sí mismo, cuya lesión genera un detrimento resarcible" (arts. 1738 y 1746 del CCyCN). El tribunal consideró que "el monto reconocido en la instancia de grado resulta bajo para alcanzar la finalidad que se persigue" y que "cabe estar a la edad y condiciones personales de Martína al resultar lesionada, con proyección al resto de su vida plena." Indicó asimismo que "aquí no se resarce una frustración de ganancias, sino el daño económico que resulta del sólo hecho de haber sido afectado el desempeño pleno de la joven en todas sus actividades; incluso antes de hallarse en edad o en condiciones de ingresar a la actividad laboral o remunerativa" (arts. 1740 y 1746 CCyCN). 2. Sobre daño moral: La Cámara recordó que "el daño moral ha sido definido como el menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales provocado por el suceso dañoso, es decir, el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, la humillación y, en general, los padecimientos que se han infligido a la víctima del evento dañoso." Aplicó el art. 1741 del CCyCN considerando que "el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas." Determinó que debía considerarse "las características del suceso, las condiciones personales de la víctima, el tiempo presunto de convalecencia, los dolores y limitación física que debió soportar -con proyección a futuro
- y, en definitiva, el valor de una prestación sustitutiva que logre la finalidad resarcitoria que se pretende." 3. Sobre la inconstitucionalidad de la ley 23.928: La Cámara resolvió revocar la declaración de inconstitucionalidad, argumentando que "dada la realidad económica del país a partir de diciembre de 2024 (fecha considerada para valuar la condena 'con criterio de actualidad'), no concurre el presupuesto para adoptar una medida tan excepcional y de gravedad institucional, como lo es declarar la inconstitucionalidad de una norma." Señaló que "la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico"; por lo que "debe recurrirse a ella solo en casos de estricta necesidad, los cuales no se vislumbran en la causa." Observó que "en el mencionado fallo 'Barrios', la SCBA dejó asentado que, en miras de respetar la incolumidad del crédito," deben observarse principios como "la interdicción del enriquecimiento sin causa; la interdicción de conductas que importen un abuso del derecho; la buena fe; la equidad; la equivalencia de las prestaciones; la morigeración de los resultados excesivos." Concluyó que "la prestación debida, así como el modo en el que habrán de computarse los intereses y de conformidad con los principios y condicionamientos citados por la Suprema Corte provincial," hacía innecesaria la indexación monetaria, siendo suficientes "los intereses a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires," que "por sí contiene un componente inflacionario."