.................... S/ RECURSO DE CASACION

Quién demanda: Defensora Oficial Silvia L. Lew en representación de Roberto Damián Vallejos.

¿A quién se demanda?

El Tribunal en lo Criminal N° 1 de General San Martín (sentencia de primera instancia).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La defensa impugnó mediante recurso de casación la imposición de prisión de efectivo cumplimiento, denunciando: (i) inobservancia de los arts. 398 y 399 del CPP; (ii) arbitrariedad en la fundamentación (violación a arts. 106 y 210 del CPP); (iii) inobservancia del art. 26 del Código Penal respecto a la posibilidad de suspensión de la pena.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal de Casación, por mayoría (votos de Bouchoux y Carral), hizo lugar al recurso de casación y casó la decisión en el punto relativo a la modalidad de la pena, reenviando las actuaciones a la instancia anterior para que dicte un nuevo pronunciamiento que brinde adecuado tratamiento a la modalidad de ejecución de la pena. Fundamentos principales de la decisión: El voto mayoritario del juez Bouchoux estableció que el sentenciante omitió valorar cuestiones relevantes y pertinentes para la decisión. Señaló que: > "Observo, para comenzar, que el sentenciante destinó un tramo de la sentencia a justificar la imposición de una pena de efectivo cumplimiento. Primero, destacó que la modalidad de cumplimiento efectivo fue expresamente postulada por la fiscalía y adherida tácitamente por la contraparte... Dado ese marco, sostuvo que negar la procedencia de la prisión de cumplimiento efectivo sería burlar la misión y finalidad misma del Ministerio Público Fiscal." Sin embargo, el Tribunal consideró inválidos estos fundamentos. Respecto al concepto de "tope punitivo": > "Resulta claro que este tope punitivo aparece como un resguardo para el imputado, que impide que se imponga un monto de pena mayor al acordado, pero en cambio sí permite la determinación de una sanción por debajo de la establecida por las partes, circunstancia que lógicamente incluye la posibilidad de adoptar una modalidad de cumplimiento de esa sanción que resulta más leve en sus efectos." El Tribunal también censura la utilización del informe del Departamento Técnico Criminológico: > "Por un lado, en cuanto se trata de un elemento que fue incorporado a la causa con posterioridad a la presentación del acuerdo de juicio abreviado, contradice las disposiciones del art. 399 del digesto adjetivo y, en esencia, obliga a la defensa a cargar con un elemento que no pudo tener en cuenta ni menos aun controlar al momento de aconsejar a su asistido la firma del abreviado." El Tribunal destaca además que el sentenciante omitió valorar: (i) las circunstancias personales del imputado plasmadas en la pericia social; (ii) el tiempo transcurrido desde el hecho hasta la sentencia; y (iii) la presentación previa de la defensa solicitando la suspensión de la pena. Finalmente, subraya que el ejercicio de la jurisdicción al evaluar la condicionalidad de la pena no constituye desnaturalización de la tarea fiscal sino "el cumplimiento del control de legalidad y razonabilidad que la Constitución le impone". El voto minoritario de Kohan planteó una interpretación diferente, considerando que la ausencia de mención a la modalidad de cumplimiento en el acuerdo importaba adhesión plena a la propuesta fiscal, por lo que el pronunciamiento debía confirmarse, aunque compartió el cuestionamiento respecto al informe posterior al acuerdo.