------S/APELA SENTENCIA EN JUICIO ABREVIADO

Quién demanda: N.C.N.G (acusado) a través de su Defensor Oficial, Dr. Joaquín Castro

¿A quién se demanda?

Ministerio Público Fiscal por la sentencia condenatoria dictada en primera instancia

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revocación de la sentencia condenatoria por tenencia simple de estupefacientes (art. 14 primer párrafo de la Ley 23.737) y absolución del acusado. El recurso se fundamenta en la omisión de la investigación de la explicación alternativa sobre el origen de la sustancia secuestrada, vulnerando el derecho a la defensa en juicio.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar al recurso de apelación, revocó la sentencia condenatoria y absolvió libremente a N.C.N.G del hecho materia de la I.P.P. 16-02-000734-22/00, sin costas en ambas instancias. Fundamentos principales de la decisión: El tribunal estableció que la carga probatoria de la acusación es ineludible y debe alcanzar el grado de certeza para justificar una condena. Al respecto, el fallo expresó: "una de las reglas generales receptadas desde antiguo en el derecho procesal es que la carga de la prueba incumbe al actor (onus probandi incumbit actor); y en toda causa penal el acusador
- sea público o privado: fiscal o querellante
- es su actor, con lo que para lograr la condena debe acreditar los hechos hasta la certeza o fuera de toda duda razonable (art 367 del C.P.P.)." La Cámara determinó que existió incumplimiento grave del Ministerio Público Fiscal en su obligación de investigar la explicación alternativa del acusado respecto del origen de la sustancia secuestrada (una bolsa conteniendo flor y hojas de cannabis sativa). El fiscal reconoció haber remitido el material al archivo "por un error involuntario y material" sin haber evacuado las citas del acusado conforme al art. 318 del C.P.P. El tribunal enfatizó: "siendo esta diligencia una obligación impuesta al señor agente fiscal por el art. 318 del C.P.P., se vulnera el derecho de defensa en juicio (principio consagrado por el art. 18 de la CN y 1ro. del CPP.)." Asimismo, el tribunal subrayó que la prueba de cargo consistía en un indicio indirecto (la relación de tenencia y disposición de la sustancia), y que esta corroboración "por elemento objetivo independiente
- no puede extraerse válidamente de una pieza probatoria incompleta (un acta penitenciaria redargüida de falsedad) y cuya veracidad de su contenido no ha sido transitado como línea investigativa trazada por el mismo ministerio público fiscal." El fallo concluyó que no se alcanzó el grado de certeza necesario para una condena, señalando: "no habiéndose alcanzado el grado de certeza, necesario e imprescindible ingrediente de un pronunciamiento de condena, deteniéndose la prueba en el umbral de la sospecha o probabilidad de haber sido el acusado el autor del hecho en juzgamiento, hallándose configurado, en el peor de los supuestos para el prevenido una seria situación de duda que lo favorece (art. 1ro. tercer párr. C.P.P.)."