GIL JACQUELINE ELIZABETH C/ PROVINCIA ART S.A S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057

Quién demanda: Gil Jacqueline Elizabeth

¿A quién se demanda?

Provincia ART S.A

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revisión de resolución de comisión médica jurisdiccional conforme Ley 15057

¿Qué se resolvió?

El Tribunal del Trabajo Nº 3 decretó la caducidad de instancia, ordenó el archivo de las actuaciones e impuso costas a cargo de la parte actora. Fundamentos principales de la decisión: "Con fecha 06/05/2026, se intima a la parte actora para que en el término de cinco días produzca actividad procesal útil para la prosecución del trámite de las presentes actuaciones, bajo apercibimiento para el caso de incumplimiento de decretarse la caducidad de instancia (artículo 11 de la Ley 15057)." La actora no contestó la intimación y únicamente su letrado solicitó suspensión de plazos por pérdida de contacto, sin que la parte actora manifestara actividad alguna. "Es deber de los Jueces impulsar el procedimiento y evitar que la inactividad procesal sea perjudicial para aquellos juicios en que los derechos son indisponibles. Sin embargo, cuando las partes manifiestan su mas absoluto desinterés por el resultado y continuación del rito, obstando e imposibilitando de modo sustancial la elucidación y declaración del derecho, cabe al magistrado extinguir el proceso con los alcances de los arts. 11 y 89, ley 15057 y 310 del C.P.C.C." "La caducidad es un remedio excepcional y en tal forma ha sido merituada -de antigua data
- por este Tribunal. La caducidad no es incompatible con el impulso procesal de oficio, cuando se produce la falta de colaboración de las partes para el cumplimiento de los actos procesales. La facultad de la impulsión de oficio asignada al Tribunal, no puede suplir la inercia o abandono de la instancia por la parte, ni la inactividad de esta." El Tribunal constató inactividad procesal superior a seis meses, silencio de la actora ante la intimación y desinterés manifiesto en la continuación del juicio. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha reconocido como ajustada a derecho la declaración de caducidad cuando existe abandono definitivo del proceso por parte del interesado, evidenciado en el incumplimiento de intimaciones previas.