CABRERA JUAN CARLOS C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057

Quién demanda: Juan Carlos Cabrera, trabajador dependiente de Prentex S.A.

¿A quién se demanda?

Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (ART que cubría los riesgos del trabajo de la empleadora).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por enfermedad profesional (COVID-19) contraída el 13 de mayo de 2021 mientras desempeñaba tareas de fabricación de productos textiles, actividad declarada esencial. El actor solicitó inicialmente el cobro de indemnizaciones por la suma de $ 1.687.346 y accesorios.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a Provincia ART S.A. a pagar al actor la suma de $ 21.532.421,33 en concepto de prestación por incapacidad laboral parcial y permanente. Se impusieron las costas a la demandada. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal estableció que el actor transitó correctamente la vía administrativa obligatoria y excluyente del Sistema de Riesgos del Trabajo (Leyes 24.557, 26.773 y 27.348). Respecto a la enfermedad COVID-19, el Tribunal consideró que se encontraba amparada por el DNU 367/2020, que presuntivamente la considera enfermedad profesional para trabajadores en actividades esenciales. En relación a la prueba pericial médica producida en fecha 21/10/2025, el Tribunal valoró la conclusión del perito: "Considero que las secuelas comprobadas en el cuerpo del actor, cumplen con los factores de causalidad etiogénico, topográfico y cronológico" determinándose una incapacidad del 14,02% (luego de aplicar el método de incapacidad restante respecto a un 5% previamente reconocido en otro expediente). El Tribunal declaró la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 669/2019 y la inaplicabilidad de las Resoluciones SSN Nro. 1039/2019 y 332/2023, considerando que el mecanismo de cálculo de intereses mediante variación RIPTE resultaba insuficiente para preservar el crédito frente a la inflación. Al respecto, expresó: "Evidenciándose así la alteración económica en la prestación dineraria, siendo así que este resultado, justifica utilizar un mecanismo que asegure el cumplimiento de la función resarcitoria, toda vez que su monto se encuentra apartado de la realidad económica actual, resultando necesario establecer un mecanismo de ajuste que permita al trabajador preservar el valor de su acreencia laboral." El Tribunal también declaró la inaplicabilidad de los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad (N° 23.928) y del art. 12 de la Ley 24.557 (según texto ordenado por art. 11 de la Ley 27.348), estableciendo un sistema de actualización alternativo mediante el coeficiente RIPTE más interés puro del 3% anual. Para la liquidación, aplicó la fórmula: $ 67.428,81 (IBM) x 53 x (65/47) x 14,02% = $ 692.922,8 en indemnización de pago único, más $ 138.584,56 en indemnización adicional por daño no reparado (art. 3 Ley 26.773), totalizando $ 831.507,36 de capital de condena, que fue luego actualizado conforme a las pautas establecidas resultando en $ 21.532.421,33. El Tribunal fundamentó esta decisión adhiriendo al precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa "Muzychuk Claudio Rubén c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A." (L. 129.800) respecto a la inconstitucionalidad del DNU 669/2019.