MIRANDA JULIO CESAR C/ CAJA DE JUBILACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANC S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION

Quién demanda: Miranda Julio César, jubilado del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Restablecimiento y reconocimiento de derechos previsionales, cuestionando la constitucionalidad del artículo 41 de la ley 15.008 que modificó el sistema de movilidad de los haberes jubilatorios, sustituyéndolo por un índice vinculado a la ley nacional 26.417 (IPC-RIPTE).

¿Qué se resolvió?

- La Cámara rechazó el recurso de apelación de la demandada y admitió parcialmente el de la actora.
- Confirmó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 41 de la ley 15.008 en su aplicación al caso concreto.
- Reconoció el derecho del actor a que sus haberes previsionales se liquiden retrotrayéndose al método de cálculo vigente con anterioridad a la ley 15.008.
- Modificó los intereses aplicables: ordenó calcular las retroactividades a valores actuales, adicionando intereses del 6% anual desde cada devengamiento hasta la sentencia, y desde allí en adelante, la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia en operaciones a treinta días.
- Rechazó el planteo de inconstitucionalidad de prescripción, aplicando el plazo de dos años previsto en el artículo 43 de la ley 15.008.
- Impuso costas 80% a la demandada y 20% en el orden causado. Fundamentos principales: El tribunal sostuvo que el artículo 41 de la ley 15.008 vulnera principios constitucionales fundamentales en materia previsional. Como expresó en la sentencia: "El art. 41 de la ley 15.008 atiende a indicadores completamente ajenos al cargo regulatorio del haber, provocando la pérdida del carácter sustitutivo de la prestación previsional. El índice de movilidad establecido en el anexo de la ley nacional 26.417 -al que remite aquella norma
- se compone de la sumatoria de dos indicadores; tales como el 70% integrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el 30% por la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE). Es decir, la movilidad del período involucrado en ningún caso se calcula de acuerdo a variables propias de la remuneración relativa al cargo base." El tribunal enfatizó que la norma viola "uno de los pilares básicos que sustentan el sistema previsional provincial, cual es la necesaria proporción que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, atendiendo a la naturaleza sustitutiva que cabe reconocer al primero respecto del segundo" (arts. 39 inc. 1, Constitución Provincial; 14 bis, Constitución Nacional). La Cámara también sostuvo que "ese diseño legislativo con reenvío al fin y al cabo genérico, indeterminado y maleable por un poder ajeno a la Provincia, no encuentra en principio justificación plausible en un ámbito que compromete derechos fundamentales preferentes y en el que, por implicancia, es menester priorizar la previsibilidad, la seguridad jurídica y la no regresividad". En cuanto a los intereses, el tribunal adoptó doctrina reciente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en la causa "Barrios" (C. 124.096, sentencia del 17/4/24), considerando que "se trata del pago de mensualidades no percibidas oportunamente en virtud del acto administrativo que rechazó ilegítimamente su reconocimiento", lo que justifica aplicar intereses del 6% anual desde cada devengamiento hasta la sentencia y, posteriormente, la tasa pasiva del Banco. Respecto a la prescripción, se rechazó el planteo del actor distinguiendo entre la imprescriptibilidad del derecho al beneficio previsional (derecho sustancial) y la prescriptibilidad de la obligación de pagar los haberes correspondientes (obligación accesoria), conforme doctrina de la Suprema Corte local en la causa "Escanes" (B. 58.607, sentencia 7-XII-1999).