FIDEICOMISO GRUPO GESTOR C/ DISTEL MONICA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO

Quién demanda: Fideicomiso Grupo Gestor

¿A quién se demanda?

Distel, Mónica Beatriz

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo de un crédito documentado mediante pagarés nros. 5240168 y 5259836, asociado a solicitudes de crédito.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que declaró oficiosamente inhábil el título base de la ejecución y rechazó la pretensión ejecutiva. Se impusieron costas de alzada por su orden. Fundamentos principales de la decisión: El tribunal estableció que "uno de los pilares en los que se asienta el sistema de protección al consumidor es el deber de información. Así, el artículo 4 dispone: 'El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización'". El fallo resalta que la información debe ser "apropiada, de manera tal que le permita al consumidor tomar libremente la decisión de aceptar el producto o servicio o, en cambio, rechazarlo. Y, también, debe ser adecuada y veraz, es decir, el consumidor debe ser nutrido de elementos ciertos, detallados, eficaces y suficientes sobre las características esenciales del producto". En relación específica al incumplimiento hallado, la Cámara sostuvo: "la documentación acompañada permite conocer el capital otorgado, la cantidad de cuotas y el importe de cada una de ellas, pero no suministra en forma expresa y detallada la información relativa a las condiciones financieras de la operación exigidas por el artículo 36 de la ley 24.240. En efecto, del propio memorial surge que la tasa de interés efectiva anual (inc. d) y el costo financiero total o total de intereses a pagar (inc. e) no se encuentran expresamente consignados". Rechazando el argumento de la demandante de que la información podía inferirse, el tribunal concluyó: "el régimen protectorio del consumidor exige que la información relativa a las condiciones financieras de la operación sea suministrada de manera clara, cierta y detallada, sin imponer al consumidor la carga de inferir o reconstruir tales extremos". En consecuencia, determinó que "la documental presentada a ejecución no cumple acabadamente con el deber de información que exige el art. 4 de la LDC y, por lo tanto, resulta inhábil para perseguir su cobro por la vía ejecutiva".