.................... S/ RECURSOS DE CASACION

Quién demanda: Facundo Montero y Uriel Ezequiel Suárez (mediante sus defensores de confianza), impugnando la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Junín.

¿A quién se demanda?

La sentencia de primera instancia que los condenó.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Los recurrentes cuestionaron: (i) la suficiencia probatoria para acreditar su participación en el delito de estafa; (ii) la condena de Montero por atentado a la autoridad; (iii) las penas impuestas, alegando que resultaban excesivas y desproporcionadas.

¿Qué se resolvió?

La Cámara de Apelaciones (Sala III del Tribunal de Casación Penal) rechazó ambos recursos de casación, confirmando íntegramente las condenas de primera instancia:
- Facundo Montero: 3 años y 6 meses de prisión por coautoría de estafa y autor de atentado contra la autoridad agravada.
- Uriel Ezequiel Suárez: 3 años de prisión de ejecución condicional por coautoría de estafa. Fundamentos principales de la decisión: Respecto del delito de atentado a la autoridad contra Montero, la Cámara sostuvo: "Un examen integral del cuadro probatorio valorado por el sentenciante revela que la conclusión incriminatoria encuentra adecuado sustento en prueba legalmente incorporada y apreciada conforme las reglas de la sana crítica racional (artículos 210 y 373 del Código Procesal Penal), sin que se advierta arbitrariedad ni apartamiento alguno del estándar de certeza exigible... la versión proporcionada por el funcionario policial que intervino en la aprehensión constituyó una fuente directa de conocimiento sobre el episodio y fue considerada por el Tribunal de origen como coherente, persistente y compatible con el contexto fáctico acreditado." El tribunal aclaró que el delito de atentado a la autoridad "no exige la producción de lesiones ni un resultado dañoso específico sobre el funcionario público, bastando el empleo de fuerza o intimidación dirigida a impedir o dificultar el ejercicio legítimo de la función estatal." Respecto de la estafa, la Cámara enfatizó: "La crítica defensista parte de una premisa metodológicamente equivocada, consistente en diseccionar cada elemento de cargo de manera aislada para luego reprochar que ninguno de ellos, por sí solo, abastece certeza condenatoria, however, sabido es que la prueba indiciaria no opera mediante la autosuficiencia individual de cada dato periférico, sino a través de la convergencia lógica de múltiples circunstancias acreditadas que, consideradas en su mutuo reforzamiento, permiten inferir razonablemente el hecho principal y la intervención de sus autores." El tribunal describió el entramado probatorio: "la prueba reunida no revela una mera acumulación de sospechas anfibológicas, sino un entramado indiciario robusto y mutuamente corroborante: el conocimiento íntimo de la familia damnificada por parte de Montero; la utilización de esa información para consolidar el engaño; la motocicleta captada durante el hecho; su ingreso inmediato al ámbito vinculado con Suárez; el descarte de casco, plásticos y prendas coincidentes; la localización y secuestro del rodado adulterado; la fuga conjunta a Pergamino; el alojamiento común bajo identidad apócrifa; la repentina y significativa disposición dineraria; y los secuestros efectuados en el hotel." Respecto de la individualización de penas, la Cámara aclaró: "Nuestro ordenamiento positivo carece de un sistema legal tasado para la individualización de las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad. Los artículos 40 y 41 del Código Penal no consagran un mecanismo aritmético de sumas y restas de fracciones fijas de pena, ni establecen un punto obligatorio de ingreso a la escala penal, antes bien, confieren al juzgador un margen prudencial de valoración, sujeto a motivación razonada y al control de logicidad, destinado a ponderar la totalidad de las circunstancias relevantes del caso." Destacó que "la circunstancia de que el sentenciante no haya partido del mínimo legal ni explicitado un supuesto 'apartamiento' del mismo no comporta, por sí sola, vicio alguno de fundamentación, pues semejante exigencia no surge de las disposiciones citadas ni integra garantía procesal reconocida por el ordenamiento vigente."