RAMOS PAULA CECILIA C/ GRUPO EDINMAR S.R.L. y otro/a S/ DESPIDO

Quién demanda: Paula Cecilia Ramos, trabajadora docente.

¿A quién se demanda?

GRUPO EDINMAR S.R.L. (institución educativa privada) e IRENE BEATRIZ FERRARA (administradora).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Demanda por cobro de créditos derivados de distrato laboral por la suma de $143.315,42, incluyendo indemnización por despido sin justa causa, diferencias salariales, SAC adeudado, vacaciones, registración laboral deficiente y falta de pago de haberes. Se solicitaba responsabilidad solidaria de la administradora invocando corrimiento del velo societario.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal condenó a GRUPO EDINMAR S.R.L. al pago de $144.707,83 (capital sin actualizar), que asciende a $5.778.132 con actualización conforme la Ley 27.802. Se rechazó la pretensión de responsabilidad solidaria de Ferrara. Se impusieron costas a la demandada vencida. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal estableció como hechos ciertos: la relación laboral desde el 05 de abril de 2019 como profesora de música, remuneración de $7.095,05 mensuales, deficiente registración, y extinción del vínculo mediante comunicación del 28 de julio de 2020 invocando abandono de trabajo. Respecto del despido, el Tribunal sostuvo: "No encuentro acreditado por la demandada como era su obligación procesal (art. 375 CPCC) que la actora se haya encontrado incursa en abandono de trabajo en los términos del art. 244 LCT tal cual alegó la accionada en la comunicación disolutoria." En cuanto a la registración deficiente, se aplicó el juramento del artículo 39 de la Ley 11.653. El Tribunal citó jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires: "Debe tenerse por cierta la fecha de ingreso denunciada en la demanda por el trabajador si el empleador -que no lleva la documentación a que se refiere el artículo 52 de la LCT
- no aportó ningún elemento de prueba idóneo para desvirtuarla, ya que cobra entonces virtualidad la presunción en favor del dependiente consagrada en el artículo 55 de la misma." Respecto a la responsabilidad solidaria de Ferrara, el Tribunal expresó: "La desestimación de la personalidad jurídica prevista en el art. 54 de la ley societaria constituye un instituto de aplicación excepcional y restrictiva, que sólo procede cuando se acredita que la sociedad ha sido utilizada como un mero instrumento para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de terceros. No resulta suficiente, a tal efecto, la mera existencia de incumplimientos de naturaleza laboral, como la falta de ingreso de aportes o irregularidades registrales." Concluyó: "ante la ausencia de prueba concreta que demuestre el uso abusivo o fraudulento de la personalidad jurídica de GRUPO EDINMAR S.R.L., así como la falta de acreditación de conductas personales imputables a Ferrara que permitan atribuirle responsabilidad en forma directa, concluyo que no se encuentran configurados los presupuestos necesarios para extenderle la responsabilidad solidaria pretendida." Cuestión de inconstitucionalidad: Por mayoría de votos (Escobar y Cippitelli), se declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802 por establecer un régimen diferenciado de actualización de créditos laborales según su estado procesal. El Tribunal razonó que esta diferenciación vulnera el principio de igualdad ante la ley (artículo 16 CN) y afecta derechos laborales de carácter alimentario (artículo 14 bis CN), al producir resultados económicos sensiblemente inferiores para trabajadores con créditos en trámite. Se aplicó el sistema de actualización del artículo 276 LCT conforme al artículo 54 de la Ley 27.802 (IPC + 3%). El Dr. Scagliotti votó en disidencia, argumentando ausencia de necesidad de pronunciamiento ex officio y falta de supuestos para control de constitucionalidad de oficio.