.................... S/ RECURSO DE CASACIÓN

Quién demanda: Defensor Oficial en representación de Oscar Hugo González

¿A quién se demanda?

Oscar Hugo González

¿Cuál es el objeto del reclamo?

El Defensor Oficial cuestiona la medida de la pena impuesta por violación de los artículos 18 de la Constitución Nacional, 15, 24 y 29 de la Constitución Provincial, y 40 y 41 del Código Penal. Argumenta que la individuación de la sanción no puede ser meramente discrecional, que la culpabilidad debe ser el principio rector, y que la valoración de antecedentes condenatorios como agravante simultáneamente a la declaración de reincidencia viola la prohibición de doble valoración.

¿Qué se resolvió?

La Sala III hizo lugar parcialmente al recurso de casación. Declaró procedente el recurso sin costas, casó la sentencia a nivel de la pena y obliteró del plano mensurativo la valoración de los antecedentes condenatorios. Redujo la condena de Oscar Hugo González de un año y seis meses a un año y tres meses de prisión, manteniéndose la declaración de reincidencia y la condena como autor responsable de falsificación de documento público y uso de documento público falso en concurso real. Fundamentos principales de la decisión: El Dr. Violini, en voto mayoritario, estableció que la graduación de la sanción no atiende a consideraciones fragmentarias sino que "proyecta un proceso arduo y complejo en el que entran en juego valoraciones jurídicas vinculadas a la culpabilidad del autor que no solo dictan el merecimiento de pena, sino también la extensión o cantidad de la pena que corresponde aplicar". Reconoció que "la labor de determinar con exactitud cuál es el monto de pena que resulta proporcional a la culpabilidad del sujeto activo es seria y dedicada, ya que no existen métricas que permitan asegurar decisiones razonables, sino procedimientos que deben ser razonables y atender esencialmente al grado de disvalor del injusto reprochado como reflejo de la culpabilidad de su autor". Coincidió con el recurrente en que "la valoración, en los actuados, del antecedente condenatorio que registra González como parámetro justificante del incremento del reproche atribuible al imputado no puede ser refrendada, pues a pesar de ser una pauta, en principio, válida desde la óptica de la culpabilidad para incrementar el reproche atribuible al sujeto que ha vuelto a delinquir de conformidad con lo legislado en el segundo inciso del artículo 41 del Código Penal, su estimación para justificar en el caso simultáneamente la declaración de reincidencia del imputado, comporta, en mi humilde opinión, una transgresión a la prohibición constitucional de doble valoración que debe ser subsanada mediante la obliteración del parámetro citado". Aclaró el tribunal que "Ni siquiera la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo", rechazando así la pretensión de aplicar el mínimo legal. Enfatizó que "el Código Penal no recepta ningún sistema legal específico para efectuar la dosimetría dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles, ni impone la obligación de ingresar a la escala penal por el mínimo". El Dr. Carral, en voto que resultó mayoritario en la segunda cuestión, propuso asumir competencia positiva por razones de economía procesal, evitando una dilación innecesaria, y readecuó la sanción atendiendo "a la entidad del injusto, el encuadre legal de su conducta, las pautas de mensura fijadas en los términos de los artículos 40 y 41 del Código Penal y, especialmente, la circunstancia agravante obliterada en esta instancia", fijando la pena en un año y tres meses de prisión.