RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MATERIA A CATEGORIZAR - EMPL.PUBLICO

Quién demanda: Miguel Ángel Rodríguez, efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al momento de los hechos.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reparación por daños y perjuicios derivados del funcionamiento irregular del servicio de justicia, consistentes en: privación de libertad (aproximadamente 15 meses de detención), pérdida de la carrera policial (cesantía administrativa), daño moral y daño psicológico. El reclamo se fundamenta en una sentencia condenatoria penal posteriormente anulada por el Tribunal de Casación.

¿Qué se resolvió?

La Cámara de Apelación modificó la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la demanda reconociendo la responsabilidad estatal de la Provincia de Buenos Aires por funcionamiento irregular del servicio de justicia, y ordenó que las actuaciones vuelvan a primera instancia para que se analice la excepción de prescripción interpuesta por la demandada y se determine la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios reclamados. Fundamentos principales: "Para responsabilizar al Estado por error judicial el acto jurisdiccional que origina el daño debe ser previamente declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide juzgar que hay error y ello es así, ya que de lo contrario la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley" (Fallo 347:606 CSJN). La Cámara destacó que el caso excedía una mera discrepancia interpretativa, señalando: "la condena impuesta a Miguel Ángel Rodríguez no fue dejada sin efecto por diferencias valorativas respecto de la prueba producida, ni por discrepancias dogmáticas menores relativas a la calificación legal de los hechos. La nulidad parcial decretada por el Tribunal de Casación Penal obedeció a la constatación de una grave alteración del objeto procesal que derivó en la vulneración de garantías constitucionales esenciales." Respecto a la alteración acusatoria, la sentencia de Casación había expresado: "inicialmente se acusó al encausado como autor de la omisión de denunciar torturas y luego como coautor de las torturas infringidas a González, para finalmente ser condenado como partícipe del delito de torturas". Sobre esto, la Cámara concluyó: "Tal mutación acusatoria no constituyó una mera agravación accesoria o una modificación secundaria del encuadre jurídico. Por el contrario, implicó transformar radicalmente el hecho imputado." La Casación había resuelto: "El apartamiento procesal evidenciado lesiona llanamente el principio de defensa en juicio, regulado por el art. 18 de la Constitución Nacional" y "los actos mencionados fueron llevados a cabo en el marco de un procedimiento de ampliación de la acusación que, en estas actuaciones, no se ajustó a la manda del art. 359 del código de forma". Respecto al nexo causal, la Cámara afirmó: "la privación de libertad sufrida por Miguel Ángel Rodríguez derivó de manera inmediata y directa de la sentencia posteriormente anulada" y que "el encarcelamiento efectivo del actor -que se prolongó aproximadamente durante un año y tres meses
- no constituyó consecuencia necesaria del delito por el cual había sido originalmente elevado a juicio, sino del agravamiento acusatorio posteriormente invalidado".