.................... S/ QUEJA

Quién demanda: Defensor Oficial Dr. Cristian Boin, actuando en representación de Leandro David Dávila, condenado.

¿A quién se demanda?

Contra la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza, que confirmó la denegatoria del Juzgado de Ejecución N° 3.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se cuestiona la denegatoria de la libertad asistida y el acceso al régimen abierto solicitados en favor de Leandro David Dávila, quien fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por portación ilegal de arma de fuego de guerra (vencimiento: 17 de junio de 2027). El condenado se encuentra en régimen semiabierto de modalidad limitada, posee conducta ejemplar "10", concepto bueno, no registra sanciones disciplinarias y cuenta con dictamen favorable del Departamento Técnico Criminológico.

¿Qué se resolvió?

La Sala I del Tribunal de Casación Penal hizo lugar al recurso de queja interpuesto, declaró admisible la impugnación del Defensor Oficial y, por mayoría de votos (Maidana y Violini contra el voto disidente parcial de Carral), casó el pronunciamiento impugnado. Ordenó remitir la causa a la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza para que dicte una nueva resolución de conformidad con lo indicado. Se condenó sin costas atento el resultado favorable. Fundamentos principales de la decisión: El voto mayoritario del Dr. Maidana sostuvo que: "A tal fin, es necesario determinar el alcance de la habilitación legal contenida en el último párrafo el artículo 450 del CPP que, en su redacción vigente, establece que podrá interponerse recurso de casación contra los autos dictados por la Alzada Departamental cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución. El objetivo es garantizar el derecho al recurso en casos donde la libertad personal es denegada por primera vez por la Cámara y admitir su tratamiento, pese a que dicho derecho haya sido ejercido y exista doble conformidad judicial -como ocurre en autos-, cuando se verifique una situación de gravedad institucional o concurra alguna cuestión constitucional que posibilite la apertura de la instancia extraordinaria federal." Respecto del apartamiento arbitrario de la decisión: "Eso significa que el apartamiento hecho por los Jueces de Cámara respecto del informe favorable del Departamento Técnico Criminológico carece de sustento y evidencia la falta de razonabilidad de la decisión al imponer exigencias no establecidas en el texto legal." Asimismo destacó: "La libertad asistida es una modalidad más en el catálogo de alternativas a la pena, que apunta a reducir los efectos negativos del encierro, conforme el criterio de progresividad, y a facilitar la adecuada inserción social de los condenados." Sobre la vulneración del principio de legalidad: "Estas circunstancias me hacen concluir que la decisión recurrida violenta el principio de reserva de ley, que no sólo somete a los jueces al mandato legal, sino que también les veda la posibilidad de desvalorar presupuestos que no han sido expresamente designados por la ley." El voto disidente parcial del Dr. Carral adhirió a la procedencia del recurso pero propuso asumir competencia positiva e incluir directamente a Dávila en el régimen de libertad asistida, por razones de economía procesal.