MENDEZ MIGUEL ANGEL C/ HERRERA ORLANDO CRUZ Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)

Quién demanda: Miguel Ángel Méndez (conductor de camioneta Ford Ranger, dominio AB-004-JD)

¿A quién se demanda?

Orlando Cruz Herrera (conductor del vehículo Volkswagen Voyage, dominio NNY 275) y Federación Patronal Seguros SA

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito ocurrido el 30-8-2020, aproximadamente a las 18:00 horas, en la intersección de la Ruta Provincial 234 y calle Bélgica, en Presidente Derqui, donde el actor se encontraba detenido en semáforo en rojo y fue embestido desde atrás por el vehículo del demandado.

¿Qué se resolvió?

La sentencia de primera instancia (23-10-2025) condenó a Orlando Cruz Herrera a abonar $19.669.000, más intereses y costas. La Cámara modifica esa condena:
- Incapacidad sobreviniente (18% de T.O.): Se reduce de $12.600.000 a $5.828.802,90 aplicando fórmula polinómica C= a X (1-Vn) X 1/i, considerando edad de 58 años, salario mínimo vital y móvil vigente de $322.000, y períodos laborales restantes hasta los 70 años.
- Daño psíquico/tratamiento psicológico: Se eleva de $624.000 a $1.185.000 por 52 sesiones recomendadas para Trastorno de Estrés Postraumático, considerando oferta variable de profesionales y condiciones socioeconómicas del paciente.
- Daño moral: Se reduce de $6.300.000 a $2.320.000 considerando circunstancias personales del actor (hombre 58 años, comerciante, padre de dos hijos mayores de edad, vivienda alquilada en Pilar).
- Gastos de farmacia, asistencia médica y movilidad: Se confirma $20.000 por presunción legal de gastos razonables vinculados a atención de lesiones.
- Daños materiales (franquicia): Se declara la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la Ley 23.928 (prohibición de indexación) y se ordena actualizar los $30.000 conforme variación del promedio entre índices RIPTE e IPC desde la fecha de mora hasta firmeza, más intereses del 6%, y posteriormente tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires. --- Fundamentos principales de la decisión: "La incapacidad puede ser definida como 'la inhabilidad o impedimento, o bien, como la dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales'. Esta disminución puede tener repercusiones tanto en la esfera patrimonial como en la extrapatrimonial de la víctima, aspecto este último que no puede subsumirse en la incapacidad sobreviniente, sino que en todo caso, cabe identificar con el daño moral. De ahí que, sólo corresponde incluir dentro del rubro incapacidad, las consecuencias patrimoniales y no otras facetas relacionadas con lo espiritual; hacerlo de aquel otro modo comportaría conceder un doble resarcimiento por un único perjuicio." Respecto del nexo causal: "las constancias médicas contemporáneas al hecho -que dan cuenta de la asistencia por traumatismo y la realización de estudios diagnósticos en las regiones comprometidas-, valoradas en conjunto con el dictamen pericial que, sobre la base de la anamnesis, el examen físico y los estudios por imágenes incorporados, atribuye a tales afecciones un origen traumático compatible con el siniestro, permiten tener por acreditada la relación de causalidad adecuada exigida por el ordenamiento (arts. 375 y 384 del CPCC, arts. 1726/7 del CCyC)." Sobre la fórmula de cálculo: "a los fines de controlar la indemnización cuestionada por las apelantes, se utilizará la siguiente fórmula polinómica [C= a X (1-Vn) X 1/i] en la cual: Vn = coeficiente que se obtiene de la tabla de valor actual; a: disminución del ingreso en función de la incapacidad; n: períodos laborales restantes (n= 70
- edad de la víctima); i= tasa de descuento decimalizada: i = 6% = 0,06." Sobre daño moral: "El daño moral importa una lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio para enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. De lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido." Respecto de inconstitucionalidad sobrevenida: "La prohibición de actualización contenida en el artículo 7 de la Ley 23.928, texto según Ley 25.561, resulta incompatible -en su aplicación al presente caso
- con el orden constitucional vigente, pues impide preservar la integridad del crédito reconocido y frustra el pleno cumplimiento del derecho indemnizatorio. La inconstitucionalidad sobreviniente se configura cuando una norma originalmente válida se transforma, por el cambio de circunstancias, en una fuente de lesión de derechos fundamentales. Esta figura resulta aplicable al sub examine, en tanto se verifica que el mecanismo legal que prohíbe la actualización monetaria -en el actual contexto inflacionario y ante la demora natural en la ejecución de la sentencia
- conduce a un resultado desproporcionado y violatorio de los derechos del reclamante."