.................... S/ QUEJA INTERPUESTA POR FISCAL GENERAL

Quién demanda: Fiscal General (mediante recurso de queja contra la denegatoria de casación)

¿A quién se demanda?

Miguel Ángel Sotelo (imputado beneficiario de la suspensión del juicio a prueba)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín que confirmó la concesión de suspensión del juicio a prueba respecto del delito de tenencia ilegal de arma de fuego (artículo 189 bis inciso 2° párrafo primero del Código Penal). El Fiscal alegaba: (a) cercenamiento de facultades del Ministerio Público Fiscal; (b) deficiencia de fundamentación; (c) pérdida de vista del "contexto de género"; (d) que la oposición fiscal reúne razonabilidad y legalidad, basándose en la aplicación de la pena de inhabilitación como requisito condicionante.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó sin costas la queja interpuesta. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal de Casación Penal, mediante voto unánime, desestimó la queja por dos órdenes de razones: Primero, sobre aspectos formales: "La queja no prospera, pues resoluciones como la atacada no se encuentran comprendidas en el elenco del artículo 450 del Código Procesal Penal, ni aparecen circunstancias que puedan dejar a un lado la taxatividad que surge de la norma citada en tanto el auto de Cámara no es revocatorio del de primera instancia". El tribunal precisó que "el recurrente tampoco demuestra la verificación en el caso de circunstancias excepcionales que puedan dejar a un lado la taxatividad referida". Segundo, en cuanto al fondo: El tribunal reconoció que "la ley exige la conformidad del Fiscal para la concesión del beneficio en cuestión, y su opinión en contrario significa un valladar para su otorgamiento", pero aclaró enfáticamente que "dicha oposición debe serlo con motivos lógicos para el rechazo". Respecto del argumento de inhabilitación, estableció: "desde que el acusador pretende que la acción no puede suspenderse, por un lado, porque conforme un sector de la doctrina considera que el delito contra la seguridad común aquí imputado 'debería' contemplar la pena de inhabilitación, lo que supone soslayar el hecho de que la ley vigente no la contempla, por lo que la argumentación del impugnante podría resultar violatoria del principio de legalidad, razón por la cual no puede ser atendida". Respecto del argumento de género: "el agravio hace pie en una cuestión de género que no acredita, pues nada dice respecto del hecho imputado, y sólo alude a una posibilidad futura e incierta de comisión de otros delitos (que podrían involucrar cuestiones de género) a partir de la posesión ilegítima del arma, con lo que va de suyo, tal argumento no se ajusta a los hechos comprobados de la causa o siquiera a sus constancias mínimas, sino que hace referencia a una mera eventualidad o hipótesis futura e incierta que tampoco guarda relación concreta y actual con el hecho por el cual se peticionó la suspensión del juicio a prueba". Conclusión: "se observa que los agravios planteados no logran establecer la relación directa e inmediata entre las garantías que se dicen conculcadas y lo debatido y resuelto en el caso".